Cuando Juan Carlos era príncipe y hacía viajes para darse a conocer en España y en el extranjero, su instinto político le empujaba a entablar diálogo con los ciudadanos que a simple vista tenían pinta de ser de izquierdas. Buscaba ganarse la empatía de los antifranquistas en la certeza de que era un requisito crucial para que funcionase su proyecto de convivencia.

Lo logró cuando González y Carrillo aceptaron la monarquía y la bandera y junto a Suárez y Fernández Miranda urdieron el pacto constitucional que acabaron de perfilar, en un restaurante de Chamartín, Fernando Abril y Alfonso Guerra. El acuerdo consistía en diseñar una democracia de valores republicanos donde la Corona quedaba como elemento simbólico de unidad y estabilidad del Estado.

El referéndum del 78 otorgó la legitimidad popular necesaria para desprender al nuevo régimen de cualquier vínculo con la herencia de Franco. Y el posterior ingreso en la Comunidad Europea lo homologó al aceptarlo en el club de países con sistemas de libertades avanzados.

Como ese marco sigue siendo el mismo, perfeccionado a través de un amplio desarrollo legislativo, el significado actual de la monarquía parlamentaria lo definen sus enemigos: el populismo tardocomunista y las diversas variantes del separatismo.

El debate sobre la forma de Estado sólo es el señuelo o el disfraz de una aspiración revocadora del orden político sobre el que el país ha construido su mejor experiencia en varios siglos. Todos los ideales de la fracasada República, como garantía de derechos y de progreso, están integrados en la Carta Magna y se han cumplido por cierto con mayor éxito y eficacia bajo este modelo.

Lo único que no cabe en él es el cuestionamiento del principio de soberanía nacional, y ése es precisamente el objetivo bajo asedio en la ofensiva liquidacionista que persigue la destrucción del sistema entero. De ahí que resulte esencial que, al menos en esta cuestión de fundamentos, las fuerzas constitucionalistas vuelvan a reagruparse en torno a un elemental consenso sobre las reglas del juego.

El papel de la izquierda institucional, y en particular del PSOE como partido que más tiempo ha gobernado, es decisivo para evitar que la Corona se convierta de nuevo en un motivo de confrontación de bandos. El problema es que este Gobierno deja dudas sobre su compromiso porque depende de unos aliados imbuidos de resentimiento antimonárquico.

Corresponde a las élites liberales y progresistas, o a lo que quede de ellas, desenmascarar el designio totalitario y el ataque al concepto de nación de ciudadanos que se esconden bajo esa estrategia de asalto urdida sobre la laxitud ética de Juan Carlos.

Y, aunque tal vez sea mucho pedir, Sánchez reforzaría su liderazgo si entendiese que, por más que él no lo haya inventado, le toca preservar el sentido de concordia civil que representa esta especie de republicanismo coronado.

Ignacio Camacho ( ABC )