La operación financiera de rescate de la aerolínea Plus Ultra, cuya españolidad resulta tan incierta como su propia estructura accionarial, en la que asoma el chavismo con sede en Caracas y franquicia en la propia Moncloa, no es más que la punta del iceberg del programa de ayudas comunitarias del que en los próximos meses va a depender la reconstrucción de la economía española, la más perjudicada por la pandemia de toda la OCDE.

Si el desplome del PIB en el pasado ejercicio -del 11 por ciento, el mayor de las economías desarrolladas- fue consecuencia directa de la improvisación y la omisión practicadas desde el pasado marzo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la recuperación corre el riesgo de seguir la misma senda.

La arbitrariedad de las ayudas concedidas a Plus Ultra -una aerolínea marginal, quebrada antes incluso de la irrupción del Covid-; Abengoa, rescatada de forma recurrente e improductiva desde hace años, o Duro Felguera, cuyas puertas giratorias no han dejado de abrirse para acoger a los dirigentes socialistas que abandonaban la política, representa el modelo de reconstrucción que el Gobierno propone a la sociedad española y a nuestro tejido industrial y comercial en vísperas de la llegada de los fondos liberados por la Unión Europea para que nuestra economía recobre el pulso perdido en los últimos meses.

A la vista de estos primeros rescates, el horizonte no puede ser peor para quienes se ahogan en las aguas de la actual crisis, ya sean empresarios o trabajadores.

El riesgo no aumenta ya en función del curso de la pandemia, sino del daño que el Ejecutivo puede infligir a la economía al desaprovechar la oportunidad financiera de la que depende nuestro futuro. Si, como hace unos días dijo Nadia Calviño, «este dinero lo pagarán nuestros hijos y nietos», la perspectiva de una herencia envenenada por las deudas y la improductividad no puede ser peor.

Son decenas de miles los pequeños empresarios que después de un año de ruina, prorrogada por las sucesivas olas de la pandemia, se han quedado fuera del programa de ayudas directas del Ejecutivo, un plan en el que no solo priman criterios como el de la caída de la facturación, sino cualitativos, abiertos a la discreción de un Ejecutivo que ha dado ya sobradas muestras del peligro que representan sus prioridades de inversión y reconstrucción, ajenas al rigor y la responsabilidad de quien maneja dinero público, más aún en una situación desesperada.

Faltan mecanismos internos de control y supervisión, pero también una actitud vigilante por parte de Bruselas para que, además de exigir al Gobierno de Sánchez reformas que hagan viable y sostenible nuestra economía, los fondos continentales cumplan el cometido para el que fueron diseñados y no terminen, como sucedió con aquel Plan E de Rodríguez Zapatero, en el sumidero del sectarismo y el despilfarro.

La situación que atraviesa la investigación española, con un CSIC cuyos proyectos más avanzados de vacunación contra el Covid están en manos de jubilados y de becarios precarizados, es el reverso de un plan de rescate que ignora el interés general y en el que prima el favoritismo.

No era necesario que la pandemia pusiera de manifiesto las seculares carencias de España en el campo del I+D+i, pero sí para comprobar que ni siquiera la urgencia provocada por un desastre que se ha llevado ya por delante a decenas de miles de personas ha logrado despertar al Gobierno de su ensueño ideológico.

La prioridad era y es Plus Ultra.

ABC