RESTABLECER LA LEY NO ADMITE CONDICIONES

Según se agota el plazo para que el Senado valide la activación del artículo 155, las conjeturas se disparan y ocupan el espacio que en democracia sólo deberían llenar los compromisos. Fiel hasta el final al cálculo trilero como forma de entender la política, Puigdemont no desvela si cederá a las presiones que le suplican una convocatoria de elecciones para evitar la intervención del Estado o si vendrá a la Cámara Alta a traficar una vez más con su mercancía favorita: el victimismo.

 De quien sí esperamos claridad es del Gobierno, y de momento su mensaje está siendo nítido: el Govern que ha destruido la legalidad constitucional en Cataluña lo que tiene que hacer es restablecerla íntegramente. Las elecciones son útiles pero secundarias. Tan sólo el anuncio de una retractación explícita y de un regreso a la razón constitucional, ha recordado el Gobierno, detendría a estas alturas la aplicación del 155. No como medida de gracia, sino como corolario lógico: recuperada la salud, el antídoto ya no es necesario.

Lo triste, sin embargo, es que el principal socio del Gobierno discrepe respecto de la necesidad, hondura y duración de la intervención en Cataluña. Algunos portavoces socialistas, delatando la precaria convicción que sostiene su respaldo a Rajoy en este trance decisivo, ya se han apresurado a condicionar la aplicación del 155 a una hipotética convocatoria electoral de Puigdemont.

No sería poca claudicación que el todavía presidente de la Generalitat se aviniera a los comicios, pero tampoco es suficiente. Ha dado demasiadas muestras de deslealtad como para admitir sin más que obrará de buena fe, y que hasta el día de las urnas gobernará Cataluña con respeto a las únicas leyes legítimas. Los ciudadanos necesitan la certeza de que lo hará, y no el enésimo subterfugio esgrimido para sustraerse al imperio de la Constitución.

El tiempo se acaba, y las oportunidades también. Lo que no se acaba es el daño económico que padecen los catalanes, víctimas de los dirigentes más irresponsables desde los años 30 del siglo XX. La Seat, el gran baluarte industrial de Cataluña, ya advierte de que se irá si continúa el delirio independentista, porque la marca no puede permitirse operar fuera de Europa. CaixaBank declara que su traslado no es reversible. La seguridad jurídica ha caído en Cataluña a niveles impropios de una región europea. Los culpables deben rendir cuentas ya, porque mientras sigan ocupando las instituciones -a menos que experimenten una improbable conversión-, la zozobra económica, la inestabilidad política y la fractura social estarán garantizadas.

El Mundo