La masiva manifestación (histórica en sus cifras) que ayer recorrió las calles de Madrid pidiendo la paralización de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana deja dos mensajes nítidos. El primero, que la abrumadora mayoría de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se sienten desprotegidos por Grande-Marlaska, lo que invita a meditar sobre la permanencia en el puesto de un ministro rotundamente cuestionado.

El segundo es aún más diáfano y debería llevar al Gobierno y a sus socios a retirar de inmediato una reforma que deja vendidos a los agentes en su misión como custodios de la seguridad de todos y que saben que con las nuevas y limitadas herramientas legales que les procura el sanchismo es imposible que puedan realizar su vital labor con eficacia.

Policías, guardias civiles, agentes autonómicos y municipales (hablamos de más de 200.000 profesionales) han hablado alto y claro y le han dicho al Gobierno que basta ya, que cese en este hostigamiento a unos servidores públicos que solo piden que se les deje trabajar y no se les deje en clara inferioridad frente al delincuente.

ABC