La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dio ayer un revolcón al Gobierno de Pedro Sánchez al aprobar un informe en el que solicita a España que agote todas las vías jurídicas para reconocer los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad, de manera que no puedan prescribir ni someterse a amnistías encubiertas.

Además, el Parlamento Europeo reprocha a España que esté concediendo permisos penitenciarios, o beneficios como el sistemático acercamiento de terroristas a las prisiones próximas a su lugar de origen, sin que ni siquiera colaboren con la Justicia para esclarecer casi 400 crímenes aún en investigación.

Ayer el Grupo Socialista votó a favor de ese informe, pero lo hizo no sin buenas dosis de cinismo, ya que previamente había planteado enmiendas al texto oficial de esa Comisión con el ánimo de proteger la política de Pedro Sánchez, tan sumisa con Bildu como blanqueadora de ETA.

La política del Gobierno al respecto ha sido clara en estos tres años de legislatura. Primero, se ha cedido ante las exigencias de ETA y sus presos, como lo puso de manifiesto en una reunión privada de Sortu el propio Arnaldo Otegi ensalzando la figura de Pedro Sánchez.

Después se ha producido una permisividad indigna con los homenajes y actos de enaltecimiento de terroristas excarcelados, y el final de la política de dispersión. En tercer lugar ha habido una displicencia con los colectivos de víctimas del terrorismo y la creación de una falsa memoria histórica, según la cual la desaparición de ETA como organización de asesinos debe implicar en la práctica el fin del cumplimiento de las penas de esos mismos asesinos.

Y finalmente, el Gobierno ha impuesto una ‘doctrina del olvido’ permitiendo dejar en dique seco esos 400 procedimientos judiciales. Si a un etarra se le exime de arrepentirse como requisito para poder salir en libertad, lo lógico es que se envalentone, no ayude ni a fiscales ni a jueces, y vea legitimada su actividad armada por el mero hecho de que ha pasado el tiempo.

En su día un presidente del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero bautizó a un terrorista como Arnaldo Otegi como «un hombre de paz», y Sánchez no ha hecho sino magnificar esa herencia tan dañina para la memoria colectiva de lucha contra los coches-bomba, las pistolas, los secuestros y la extorsión.

La Unión Europea acierta al no ser cómplice ni del blanqueamiento de unos asesinos ni de esa ‘doctrina del olvido’. Es relevante plantear la imprescriptibilidad de delitos tan graves que, en efecto, deberían considerarse de lesa humanidad.

El garantismo de un Estado de derecho y creer en la reinserción como un valor supremo en una democracia no puede estar reñido con un cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas, algo avalado constitucionalmente. Si Sánchez necesita los votos de Bildu, no puede ser a costa de la memoria de los muertos, algunos de ellos militantes socialistas.

No es injusto que los terroristas que no se arrepienten cumplan sus penas. Lo injusto es pervertir la realidad para victimizar a esos criminales y presentarlos como rehenes de unos tribunales inquisidores e inclementes. La Eurocámara viajó al País Vasco y a Madrid en 2021 y analizó lo que estaba ocurriendo con un maquillaje institucional de ETA muy humillante.

Ahora el PSOE debe cargar con toda su incoherencia y contradicciones, con su ‘olvido’ oportunista y, sobre todo, con su abandono a las víctimas. Su rectificación de ayer fue solo una pose no creíble.

Lo creíble son los hechos, y con ellos Sánchez se ha retratado.

ABC