No voy a insistir en los muchos desafueros de este Gobierno de los que ya he dado cuenta en otros posts, como pueda ser el reiterado incumplimiento de promesas (por parte del ahora Presidente), la falta absoluta de trasparencia (por parte de todo el Gobierno) o en engullimiento (también por parte del actual Gobierno) de otros poderes que deberían ser independientes, como es el caso del CGPJ, la Fiscalía General, los medios de comunicación y, en general, toda una serie de organismos cuya función debería ser la de controlar al propio Gobierno.

Se trata de una “fagocitación” creciente que no parece tener límite y que nos aleja, cada vez más, de lo que debería ser un auténtico Estado de Derecho, porque se aleja de la posibilidad de que los diferentes poderes sean objeto de control entre si (el “check and balances” ya clásico).

Voy a centrarme ahora en otra actitud del Gobierno que contribuye también a una especie de “deconstrucción” del Estado de Derecho, como es el continuo juego de “cambio de cromos” que está llevando a cabo con determinados partidos separatistas, a cambio de su apoyo para sacar adelante determinadas Leyes muy importantes.

Leyes tales como la de Educación o la de Presupuestos que han sido y están siendo objeto de las concesiones más disparatadas a quienes solo tienen por finalidad la destrucción de España. “Queremos instaurar la república vasca” (dice Otegui) o “vamos a destruir a Madrid” (suelta el mamarracho de Rufián) y este es el precio confesado de sus votos.

 Mucho me temo que semejante “cambio de cromos” (yo te doy mi voto, pero tú me das lo que quiero) es muestra palpable de que aquí no se está legislando para todos ni en interés de todos, sino de quienes se están apoderando del poder en cómodos plazos.

Y todo esto … ¿para qué y por qué? Pues, da vergüenza decirlo, pero mucho me temo que la única contrapartida que exige Sanchez es su continuidad en La Moncloa, porque ha dado sobradas muestras de que el bienestar de los ciudadanos le importa un solemne pepino

El resultado va a ser dos Leyes (la de Presupuestos y la de Educación) que suponen trato discriminatorio y una cesión de competencias a las CCAA mediante la cual quedará rota la unidad de España y me temo que, de paso, el propio Estado de Derecho.

Estamos ante un Gobierno “abdicante” que tras un largo período de estado de alarma (el acordado por el Real Decreto de 14 de marzo) se fue de vacaciones y lo único que se le ocurre tras reponerse, es volver a acordar otro estado de alarma nada menos que por seis meses de prórroga.

Un estado de alarma que, como dije en otro post, puede resumirse en el lema “yo decido, pero tú pechas con las responsabilidades”[1], como resultado del cual tenemos 17 tipos de medidas diferentes para contener la epidemia, lo cual es una auténtica locura.

Los ciudadanos ya no sabemos a ciencia cierta a qué debemos atenernos y la entropía (entendida como desorden) de nuestro Ordenamiento jurídico alcanza cotas demasiado altas, absolutamente incompatibles con el Estado de Derecho, en donde la seguridad jurídica es uno de sus pilares básicos.

Así lo dice y proclama el artículo 9.3 de nuestra Constitución en donde se dice lo siguiente: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

De igual modo, el artículo 1.3 de nuestra Constitución dice, bien claro que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, lo que parece no haber entendido bien el propio Vicepresidente del Gobierno al proclamar a los cuatro vientos su deseo de convertir España en una República, mediante continuos desplantes a nuestro Rey, y apoyos explícitos a quienes eso mismo pretenden sin pasar por el sistema de reforma que exige nuestra Constitución.

Dicho de forma más clara; por quienes como ERC y Bildu pretenden autoproclamarse repúblicas independientes obviando lo que establece nuestra Constitución. Esos son los apoyos parlamentarios sobre los que se asienta este Gobierno y sobre los cuales pretende legitimar las disparatadas medidas que ha tomado y las que va a tomar.

Entre estas medidas se encuentra la exigencia de ERC para evitar que la Comunidad de Madrid, pueda seguir con su política fiscal (que tan buenos resultados está dando al proporcionar una mayor recaudación), mediante una “armonización fiscal” del Impuesto de Patrimonio, que es un tributo autonómico y que, actualmente, Madrid tiene bonificado al 100%. Desde el año 2008, este impuesto no existe en la región de Ayuso.

Es un impuesto tan obsoleto que tampoco tiene ningún país de la UE, pero el PSOE y ERC se han propuesto obligar a Madrid a recuperarlo. «Dumping fiscal» o «paraíso fiscal de facto» han sido los calificativos con los que el portavoz de los independentistas, Gabriel Rufián, se ha dirigido esta semana a Madrid.

Por otro lado, Pedro Sánchez le mandó ayer miércoles un mensaje a Ayuso advirtiendo de que el Gobierno está preparando «la armonización fiscal de determinados impuestos«. El de Patrimonio ya está puesto por escrito, pero en la Comunidad de Madrid están convencidos de que el verdadero objeto de deseo de los socialistas es el Impuesto de Sucesiones.[2] Y yo me pregunto … ¿qué beneficio para el interés general tienen semejantes medidas?

Madrid no es un paraíso fiscal, como quieren hacernos creer. Lo que no es Madrid es el infierno fiscal en el que algunos gobiernos han convertido sus territorios, como Andalucía durante décadas de monocultivo clientelar o Cataluña desde que hubo que financiar el “procés” en plena crisis económica.

Estas son las claves que ayudan a entender el pacto alcanzado por Pedro Sánchez con ERC para castigar a Madrid, un interés compartido por motivos diferentes. Pago claro a traidores para seguir sentado en La Moncloa y cabalgando con el Falcon con toda clase de gastos pagados (incluidos los relativos a asuntos privados).[3]

No para ahí la cosa porque el Gobierno ya tiene casi ultimado un nuevo Real Decreto ley en el que se establecerá una relajación de los controles en materia de contratación pública y concesión de subvenciones, con la excusa de agilizar la tramitación de los fondos europeos.

Una laxitud que afectará especialmente a los contratos de menos de 200.000 euros en los que no será requisito que la empresa beneficiaria demuestre su solvencia. Igualmente, “se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional» y los contratos de obras de menos de 5,3 millones de euros y los de suministros y servicios inferiores a 138.999 se tramitarán con un procedimiento abierto simplificado ordinario.

El RDL también aprobaría medidas en materia de gestión de subvenciones. Por un lado, se podrán tramitar por procedimiento de urgencia, y se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas y, por otro, el Gobierno se guarda la posibilidad de conceder subvenciones sin concurso.[4] O sea, discrecionalidad máxima en un terreno (como la contratación o el otorgamiento de subvenciones) en donde las cautelas deberían ser máximas, sin que por ello dejen de agilizarse los procedimientos existentes.

Y no quisiera concluir esta especie de “cuaderno de agravios” sin mencionar la absoluta hipocresía y falta de trasparencia con la que se ha llevado a cabo la rebaja del IVA al 4% para las mascarillas quirúrgicas desechables (ojo, no para todas ellas), mediante el reciente RDL 34/2020, de 17 de noviembre. Porque, frente a lo anunciado en el Congreso por la Portavoz del Gobierno el 11 del mismo mes decía lo siguiente:

Puedo, Señorías, puedo anunciarles que vamos a dar un paso atrás  (ligero lapsus o acto fallido) un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4% (…) y lo hacemos porque somos un Gobierno sensible, atento a los problemas de la gente, un Gobierno que escucha pero, también, somos un Gobierno responsable. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito, ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previos (sic) sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la Directiva comunitaria. (…) [5]

Sin embargo, lo cierto es que la Comisión de la UE, en un documento fechado ya el 5/5/2020 (o sea, seis meses antes), y bajo el título de “Guidance Note on the VAT and Customs treatment of supplies of goods needed to combat the COVID-19 outbreak” [6] había permitido la rebaja del IVA, lo cual quedó refrendado por el hecho de que tres países de la UE (Italia, Bélgica y Holanda) aplicaban un IVA cero a las mascarillas desde hace tiempo.

En fin, decisiones absurdas (y carentes de justificación jurídica), cambio de cromos y juego de tronos, que lejos de mejorar la terrible situación de nuestra economía, la agrava en beneficio de unos pocos (quienes prestan su apoyo a este Gobierno en las Cortes) y todo por un miserable plato de lentejas que ojalá se le indigeste a nuestro ínclito Presidente.

Porque, a pesar de todo, haría bien en recordar que, si Roma no paga traidores, España tampoco Sr. Sánchez.[7] El propio Estado de Derecho, al que con tanto esmero hemos conseguido llegar, no merece los maltratos a los que ud. le somete, y espero que no tardemos en volver a la sensatez, la trasparencia y la seguridad jurídica, le pese a quien le pese.

Con estos mimbres y a pesar del negro panorama que tenemos delante con semejantes gobernantes, me despido sin ocultar mi sonrisa etrusca, recordando que el gobierno peor es el que ejerce la tiranía en nombre de las leyes (Secondat dixit)

Cartas al Director ( El Correo de España )

viñeta de Linda Galmor