La Agencia Catalana de Protección de Datos ha abierto un expediente sancionador a varios institutos y a la Universidad de Lérida por vulnerar la normativa que garantiza la privacidad de los alumnos al imponer una encuesta en las aulas para saber qué niño simpatiza con el independentismo, y cuál no.

Más allá de que la burda excusa fuese realizar una investigación «sociolingüística» y encubrir el clima de persecución ideológica en las aulas, el expediente sancionador solo es la consecuencia de un abuso continuado del separatismo.

El adoctrinamiento está por encima de la ley, y la estigmatización del disidente se castiga con el aislamiento social.

Lo lamentable es que sale gratis financiar con dinero público estudios de estas características para señalar al discrepante.

Cualquier hipotética sanción -ya advierte de ello la Agencia- no será mucho más que un simple reproche administrativo: una regañina para cubrir el expediente mientras el secesionismo sigue con barra libre.

ABC