Pedro Sánchez pudo haber hecho ayer una desautorización taxativa de la ofensiva de Podemos contra la Monarquía, pero no quiso hacerlo.

Tenía la ocasión idónea y se negó a aprovecharla. Su amago para desmarcarse del vídeo en el que Podemos, a través de las redes sociales, equipara a la Familia Real con un clan de narcotraficantes fue impropio de un presidente del Gobierno, cuya obligación es defender a la Jefatura del Estado de cualquier tipo de coacción, amenaza o desprecio.

Y con más razón si la campaña tóxica contra la Corona proviene de un partido con responsabilidad directa de gobierno como es el de Pablo Iglesias.

Una vez más, Sánchez no solo dio una respuesta insuficiente y decepcionante para defender a la Familia Real en plena campaña de acoso y derribo desde el Gobierno, sino que se convirtió en cómplice de la estrategia de Iglesias para criminalizar a la Corona.

La ambivalencia cotiza pésimamente en términos de credibilidad política, y por eso la reacción de Sánchez al vídeo -«PSOE y Podemos son formaciones políticas distintas que provienen de tradiciones y culturas diferentes»- es una justificación de Iglesias en toda regla.

No tiene ningún sentido que Sánchez cuestione el vídeo en lo que afecta al secretario general de Podemos, y no lo haga en relación al vicepresidente del Gobierno. No hay desdoblamiento posible. Solo cinismo. Pudo exigir públicamente a Iglesias que se disculpase, y no lo hizo.

Pudo afirmar que el Ejecutivo no comparte en absoluto semejante ataque a la Corona, y no lo hizo. Pudo explicar a la ciudadanía que no consentirá en adelante nuevas maniobras para socavar al Jefe del Estado, y tampoco lo hizo.

Se limitó a distinguir entre el PSOE y Podemos obviando la evidencia de que su gabinete, como el mismo Sánchez dijo recientemente, podrá tener muchos puntos de vista pero una «única» acción. Y si la acción es «única», su corresponsabilidad es evidente.

Es posible que sean formaciones distintas, pero en su vocación de respeto a la Monarquía no lo parecen. Y menos, cuando Podemos presume de avanzar hacia la reinstauración de una república. No son sutilezas que Sánchez deba obviar, sino amenazas directas que si no son desactivadas con contundencia, solo transmiten tolerancia y permisividad hacia una afrenta contra la Monarquía parlamentaria.

Ayer, Podemos trató de impulsar una comisión parlamentaria de investigación contra el Rey emérito. En esta ocasión, el PSOE sí se desmarcó, pero lo hizo contemporizando con Podemos. En cualquier caso, el subconsciente traiciona a esta izquierda tan obsesiva y nostálgica del republicanismo, y tan amiga del revanchismo. Sánchez afirmó que nadie «está juzgando» a la Jefatura del Estado como institución, «sino el comportamiento de una persona», en alusión a Don Juan Carlos.

La regularización fiscal del Rey emérito revela una elocuente falta de ejemplaridad en su comportamiento, pero nadie, y menos aún el jefe del Ejecutivo, tiene derecho a decir hoy que se le está juzgando porque sencillamente no es verdad. Quizá Sánchez -«¿de quién depende la Fiscalía? Del Gobierno… pues ya está»- disponga de información que nadie más tiene sobre quién va a ser juzgado y quién no en España.

De momento, es el suyo el único juicio preocupante, tanto como el hecho de que la emisora pública se dedique ahora a lanzar rumores o globos-sonda sobre la supuesta negociación entre Moncloa y la Zarzuela para desposeer a Don Juan Carlos del título de Rey. Si todo es mentira -como no tardaron en reconocer anoche la propia Casa del Rey y la Presidencia del Gobierno- alguien debería dimitir en RTVE o ser destituido de forma fulminante.

España tiene suficiente con las intoxicaciones y las campañas de su vicepresidente del Gobierno.

ABC