SÁNCHEZ DEBE REVELAR LAS ALERTAS QUE RECIBIÓ

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha acostumbrado a despreciar todas las reclamaciones de transparencia hechas por la oposición y lo hace con una contumacia realmente asombrosa para los usos de un país democrático.

El Partido Popular ha reclamado a través de los cauces legales ordinarios los informes del departamento de Seguridad Nacional que el presidente del Gobierno recibe todas las semanas con la información relevante recopilada por las diferentes entidades y organismos del Estado en el exterior, pero el Ejecutivo se ha limitado a ignorar la solicitud sin más disquisición.

La explicación más evidente de esta actitud inaceptable solo puede ser que en esos informes aparecen las advertencias y precauciones sobre el avance de la pandemia del Covid-19 recopiladas por diplomáticos y agentes del CNI en el exterior, reflejando una situación que por otro lado era evidente.

Si el Gobierno hubiera encontrado un pretexto razonable que justificase la necesidad de ocultar esa información no tenía más que haberlo esgrimido, pero para Sánchez y sus estrategas de comunicación el uso del poder tiene un componente arbitrario, casi despótico, por el que no se siente obligado a dar explicaciones de sus actos, ni siquiera en aquellos casos en los que se ha demostrado empíricamente que ha mentido.

Sin embargo, en este caso la negativa a hacer públicos esos informes de febrero y los primeros días de marzo se convierte en una acusación expresa no solo de obstruccionismo y de abuso de poder, sino que este atentado contra las reglas de transparencia refuerza las tesis que incriminan al Gobierno de Sánchez por haber ignorado esas advertencias -por otro lado evidentes- y dar prioridad a sus planes propagandísticos.

Si el Gobierno no tuviera nada que ocultar, no lo ocultaría. Ignorando las reclamaciones de información por parte de la oposición daña la democracia y acrecienta las sospechas sobre su actitud negligente ante la pandemia.

ABC