La letra pequeña de las cesiones del Gobierno a ERC, al PNV o a Bildu para garantizarse la aprobación de los presupuestos no solo revela la docilidad de Pedro Sánchez ante cualquier exigencia del separatismo, sino la existencia de dos modelos económicos radicalmente distintos para hacer frente a la recesión.

La exigencia de ERC para que Sánchez castigue fiscalmente a Madrid por la incapacidad de la Generalitat de gestionar sus propios recursos en beneficio de los ciudadanos resulta profundamente insolidaria y ofensiva.

Cataluña podría dejar de malgastar en su proyecto identitario buena parte de los 60.000 millones que ha recibido del Fondo de Financiación -del resto de España- y no lo hace. Esa es su inútil prioridad. La maniobra no consiste en negociar en favor de los catalanes, sino en perjudicar a los madrileños a sabiendas.

El separatismo no soporta que la aportación de Madrid al PIB nacional se sitúe ya en el entorno del 20 por ciento y que Cataluña permanezca anclada en apenas el 19 por ciento. Ese sorpasso se produjo en 2019, cuando la contribución de Madrid fue de 240.000 millones frente a los 236.000 de Cataluña.

Y cuando concluya 2020 la brecha será aún mayor. Los catalanes habrán disparado su deuda por encima del 120 por ciento y seguirán sufriendo las consecuencias devastadoras del proceso independentista y de la fuga masiva de empresas.

Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común, y hay datos elocuentes que certifican el éxito de su fórmula económica. En 2019, aplicó rebajas en los impuestos de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales, y obtuvo un 3,9 por ciento más en recaudación. Solo en sucesiones aplicables a tíos, sobrinos y hermanos, Madrid recaudó 500 millones de euros, 97 más que el año anterior.

En cambio, hoy Sánchez y sus socios pretenden que todas las autonomías activen por igual el impuesto de patrimonio, que en Madrid está bonificado al cien por cien. Si La Moncloa lo impusiera, el coste para los madrileños sería de 5.900 millones.

El argumento de La Moncloa es una trampa política y no una solución económica. Ni Madrid es un «paraíso fiscal» ni incurre en «dumping», aunque esa sea la dialéctica de la izquierda para fabricar su coartada. Se llama principio de autonomía financiera y las comunidades tienen el aval del TC para gestionar libremente los tributos de titularidad autonómica. De hecho, no puede haber una competencia fiscal desleal porque todas las regiones, incluida Cataluña, parten de márgenes flexibles dentro de un mismo marco legal.

Lo que hay de fondo es el enésimo intento de Sánchez para tumbar Ejecutivos del PP. Y sobre todo, la lucha de dos modelos antagónicos: el de Sánchez e Iglesias, basado en una deuda, un déficit y un gasto público desbocados, en el aumento masivo de impuestos y en la cultura del subsidio frente a la inversión y la creación de empleo; y el del Gobierno de Madrid, de corte liberal y basado de que con menores impuestos hay más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y, por lógica, mayor consumo y reactivación económica.

El intervencionismo ahoga y el liberalismo construye. Cataluña no exige una legítima armonización fiscal, sino dañar deliberadamente al resto de españoles. Y Sánchez lo respalda con una recentralización de competencias auspiciada precisamente por un partido que exige la total independencia fiscal de Cataluña.

Todo un sarcasmo al que se añade la utilización del estado de alarma para justificar una persecución ideológica con la que satisfacer una extorsión nacionalista de manual.

ABC

viñeta de Linda Galmor