La primera consideración pertinente tras la reapertura de la comisión de secretos oficiales, a la que regresó ERC y acudieron por primera vez Bildu y la CUP, es el arrodillamiento del Gobierno ante estos partidos al descubrir parte de la seguridad del Estado ante quienes pretenden dinamitarla.

La segunda es el escarnio al que el Gobierno ha sometido a la responsable de nuestros servicios de inteligencia, Paz Esteban, por puro interés político de Pedro Sánchez.

Y la tercera es denunciar los pocos minutos que tardaron los partidos, en especial ERC, en revelar y filtrar convenientemente el contenido de una reunión considerada secreta por ley. Entre otros motivos, porque es un delito que inhabilita con la pérdida del escaño a quien incurre en filtraciones.

Pero eso no ocurrirá. Nadie denunciará, y menos aún la fiscal general del Estado o la presidenta del Congreso, por lo que tal obligación de secretismo quedará solo como una previsión inútil de nuestro ordenamiento.

Según adelantó ayer TV3 -no es extraño que fuese un medio catalán a las órdenes de la Generalitat-, Paz Esteban admitió que de los sesenta dirigentes independentistas aparentemente espiados, el CNI sí investigó a dieciocho, entre ellos a Pere Aragonès.

Pero no lo hizo ilegalmente ni sin una autorización expresa del Tribunal Supremo. Además, lo hizo con causa justificada, para aclarar posibles conexiones entre dirigentes separatistas y el movimiento Tsunami Democràtic, que meses atrás protagonizó violentos disturbios tipificados como terrorismo.

Y también, para determinar supuestos vínculos con el Kremlin que afectarían a la seguridad, ya que las conexiones entre Carles Puigdemont y miembros de su partido con el régimen ruso no son, por desgracia, ninguna especulación. Sin embargo, el CNI dice no saber nada de más de una cuarentena de hackeos a través de Pegasus, por lo que no puede achacársele ninguna ilicitud.

Si así hubiese ocurrido, sería inadmisible por constituir una ilegalidad flagrante. No obstante, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no tardó en especular y vincular esos episodios con actividades ilegales de espionaje desde las ‘cloacas del Estado’.

Lo que cabe preguntarse es para qué espía el Gobierno a un socio preferente como ERC. Y una vez espiado por sus presuntos contactos con organizaciones violentas, por qué Moncloa sigue negociando con ellos, cediendo competencias a Cataluña y regando a la Generalitat con más fondos que a ninguna otra autonomía.

La pregunta es por qué Sánchez claudica al chantaje de dirigentes como Aragonès, de los que no se fía y cuyos teléfonos interviene el CNI, es de suponer que con conocimiento de la presidencia del Gobierno, por muy legalmente que fuera.

Semejante sumisión solo puede tener una explicación: la supervivencia de Sánchez, incluso a costa de abrir en canal la seguridad del Estado. Tras estas informaciones, lo lógico sería que ERC rompiera con Sánchez. Y Podemos, también.

Pero de momento, todo parece un penoso juego entre ‘enfadaditos’ y ‘ofendiditos’ que debilitan nuestra democracia sin que nadie renuncie al poder.

ABC

viñeta de Linda Galmor