Descubierta por la Guardia Civil la red oculta de auxilios mutuos integrada por altos cargos del Gobierno y criminales etarras, el silencio de Pedro Sánchez, equivalente a una confirmación, constituye un salivazo más del presidente a la democracia.

Una nueva demostración de su absoluto desprecio por las reglas de juego vigentes en un Estado respetable. Una burla, la enésima, a la dignidad de los españoles y a la alta representación que detenta; es decir, que ejerce de modo ilegítimo tras alcanzarla bordeando el fraude a lomos de la mentira.

Merced al ejemplar trabajo de la Benemérita, inasequible a los intentos de sometimiento perpetrados por Fernando Grande-Marlaska en calidad de brazo ejecutor del liberticidio sanchista, sabemos cuál era el proceder dela siniestra organización encargada de hacer efectivo el pago del precio pactado con ETA a cambio del respaldo de Bildu, su tentáculo en el Congreso.

Uno de ellos al menos, porque el principal siempre ha sido la voladura de España. Las cosas funcionaban así: El director de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior y el delegado del Gobierno en el País Vasco, ambos cargos de confianza, recibían las peticiones cursadas en nombre de la banda por el asesino múltiple Antonio López Ruiz, ‘Kubati’, máximo responsable de ese negociado, y se apresuraban a cursarlas en los circuitos oportunos con el fin de obtener sin tardanza las ventajas y demás privilegios exigidos para esos secuaces por su líder, Arnaldo Otegi, socio preferente de Frankenstein.

Tal era la sumisión de los emisarios del Ejecutivo a su interlocutor etarra que, ante un ruego formulado humildemente para que se mostrara discreto en los homenajes brindados a los pistoleros liberados, la respuesta escueta de Kubati fue: «Ya hablaremos de eso». Y no hubo más. Sánchez siempre fue el lacayo y Otegi el señor al mando. Su disposición a humillarse y humillarnos nunca ha conocido límites. Su ausencia de escrúpulos, tampoco.

En cualquier país realmente democrático, en cualquier sociedad saludable desde el punto de vista político, una revelación de este calado habría provocado la caída inmediata del Gobierno, con su presidente a la cabeza. Porque estamos hablando de un cambalache urdido desde el vértice del poder con el fin de beneficiar sin luz, ni control, ni taquígrafos a destacados culpables de crímenes contra la humanidad, a tenor de lo establecido por el Parlamento Europeo. ¿Cabe mayor abyección?

Las palabras se quedan cortas ante el peso abrumador de los hechos. Mañana domingo, en Castilla y León, los ciudadanos tendrán ocasión de dictar su veredicto en las urnas. Parafraseando la atinada reflexión de Isabel Díaz Ayuso, veremos si prefieren votar a los socios socialcomunistas de quienes secuestraron a Ortega Lara o a los partidos cuya obligación es entenderse y plantarles cara.

Isabel San Sebastián ( ABC )