En un ejercicio de absoluta irresponsabilidad institucional que evidencia la nula visión de Estado y la falta de compromiso de Pedro Sánchez para combatir la que él mismo denominó como «la peor crisis sanitaria del siglo», el presidente del Gobierno renunció ayer a ejercer las funciones de coordinación y liderazgo político en la respuesta a la segunda oleada de la pandemia, que ha convertido a España en el país más afectado de toda Europa en cuanto al número de nuevos contagios.

De nada han servido las demandas de la mayor parte de las comunidades autonómicas, que llevan semanas exigiendo al Gobierno que articule un catálogo de medidas y protocolos homogéneos que sirva de orientación general y sea de aplicación obligada en todo el territorio.

Pero una vez más, el virus ha ido por delante del Ejecutivo, que en este caso no puede alegar desconocimiento. El 23 de julio, mientras Fernando Simón practicaba surf en Portugal, la doctora María José Sierra comparecía en Moncloa para advertir sobre la gravedad de la situación: «Puede que sea ya una segunda oleada, eso es lo de menos.

Lo de más es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas [y] tomarlas de forma precoz». Sus palabras, sin embargo, fueron ignoradas por un Gobierno que optó por irse de vacaciones, perdiendo un tiempo precioso en el que podría haberse preparado para no caer en los mismos errores que en marzo.

Acabado el estado de alarma, que en muchos momentos parecía un estado de excepción encubierto, el Gobierno se desentendió de todo y delegó sus obligaciones a las CCAA, algo que ratificó ayer encubriendo su dejación de funciones bajo la apariencia de una «cogobernanza» que no es sino un caos administrativo y sanitario de imprevisibles consecuencias económicas, ya que las comunidades carecen de la cobertura legal necesaria para ejecutar medidas tan aparentemente sencillas como la prohibición de fumar en las terrazas.

Negándose a utilizar la ley General Sanitaria, la de Protección Civil y la de Seguridad Nacional, Sánchez tuvo la ocurrencia de proponer que sea cada autonomía la que solicite el estado de alarma en su territorio, echando mano de una excepcionalidad constitucional de difícil aplicación, ya que tendría que pasar por el Parlamento.

No cabe duda de que Sánchez ha querido, por un lado, evitar el desgaste que supone la gestión de la crisis, traspasándosela a las consejerías autonómicas de Sanidad; no disgustar con un nuevo mando único a su socios nacionalistas del País Vasco y Cataluña, de los que depende para aprobar los Presupuestos; y finalmente, invocando la unidad de todas las fuerzas políticas, garantizarse que el PP pacte la renovación de los cargos institucionales -sobre todo los judiciales- y se comprometa con unos Presupuestos «de país» que llevarán, con toda seguridad, la impronta de Unidas Podemos.

No es la primera vez que Sánchez antepone sus intereses particulares a los generales, pero solo un político sin escrúpulos es capaz de lavarse las manos en una crisis que amenaza la salud y la vida de tantos españoles.

El Mundo