Sin otra concreción que el desembolso de 1.700 millones de euros en el aeropuerto de El Prat, la denominada Comisión Bilateral entre el Ejecutivo y la Generalitat de Cataluña fue ayer la escenificación del trato preferencial que el Gobierno dispensa al separatismo, en pago a su deslealtad institucional y al apoyo parlamentario que brinda en el Congreso a Pedro Sánchez.

Nada tiene de anómalo –todo lo contrario– el diálogo de dos instituciones del Estado llamadas a entenderse y a colaborar en beneficio de los ciudadanos. Sin embargo, la convocatoria de esta cumbre nunca respondió a una agenda de intereses compartidos por Cataluña y el resto de España, sino a las tácticas de supervivencia política, a cual más lesiva para el bien común, de quienes ayer se citaron en Madrid en representación del Gobierno y la Generalitat.

Un mes después de la concesión de los indultos a los condenados por el ‘procés’, y aún reciente la Conferencia de Presidentes de la que Pere Aragonès se ausentó para marcar altura y territorio, la Comisión Bilateral se saldó con un acuerdo que ni siquiera estaba en el orden del día y que fue negociado en una reunión previa. La excepcionalidad es el argumento de una ‘agenda de reencuentro’ que no es otra cosa que un talonario cuyo primer cheque tiene un valor de 1.700 millones de euros.

Convertir el aeropuerto de El Prat –como asegura la ministra de Política Territorial– en un ‘hub’ internacional no depende de una inversión como la desatascada ayer por el Ejecutivo, negociada bajo la mesa para satisfacer las demandas del nacionalismo.

Son las compañías aéreas, víctimas desde el año pasado de una grave crisis derivada de la pandemia, las que determinan con sus planes la situación de los ‘hubs’ que jalonan los mapas aéreos. Potenciar Barcelona como centro internacional de conexiones, algo que ya intentó la Generalitat con la ruinosa adquisición de su propia aerolínea, solo podría lograrse con la complicidad de Iberia y su alianza.

Gastar 1.700 millones en El Prat tendría, eso sí, la virtud de dinamizar a corto plazo, como un faraónico Plan E, el empleo y la economía de una región muy castigada ya por los delirios separatistas, entre los que, no por casualidad, figura la cesión a la Generalitat del aeropuerto de Barcelona, pista de despegue de la nueva nación catalana.

La ministra de Política Territorial no solo se felicitó ayer por el desembolso de estos 1.700 millones de euros, sino por el simple hecho –señaló– «de habernos reunido», olvidando de forma premeditada que en los últimos años ha sido el separatismo el que ha rechazado de plano toda negociación con el Gobierno que no fuera de naturaleza inconstitucional y en forma de desafío.

También celebró Isabel Rodríguez otro acuerdo alcanzado ayer para «reducir la conflictividad territorial», cuando fue la Generalitat la que decidió de forma unilateral echarle un pulso al Estado de derecho, hasta poner en jaque nuestro modelo de convivencia. Ni un solo reproche. Solo dinero para calmar las aguas y seguir adelante con la legislatura. El Gobierno cede y el nacionalismo hace caja y gana tiempo.

Si Pedro Sánchez considera que con el dinero de todos y a golpe de talonario puede cerrar la crisis abierta por el separatismo, debería comparecer ante el conjunto de la nación y desgranar el presupuesto de su magno proyecto de concordia y reencuentro.

Que no tenga un plan definido y creíble para España hace difícil, sin embargo, que pueda detallar hasta dónde y a qué precio está dispuesto a ceder ante los socios que lo mantienen en el Gobierno, ya sea en una comisión bilateral como la de ayer o en una mesa de diálogo en la que, ya en septiembre, se hojea la Constitución.

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