Arnaldo Otegi dijo a los suyos que bien valía apoyar los Presupuestos Generales del Estado a cambio de la excarcelación de presos etarras. Sabía lo que decía. Los hechos han confirmado sus palabras y el Gobierno de Pedro Sánchez ha seguido reforzando la solidez de su pacto con EH-Bildu.

Sin ningún acto de disuasión desde La Moncloa, Otegi se siente ratificado en su estrategia de legitimar a ETA como activo político de la izquierda abertzale, y por eso aspira a mayores concesiones del Gobierno de coalición.

La fragilidad interna del Ejecutivo da más valor a apoyos externos como los de EH Bildu. En definitiva, Otegi no tiene motivos para cambiar su política de dividendos políticos con el PSOE. Por eso, su próximo objetivo es socavar el sistema de cómputo de condenas a los etarras con dos reformas muy concretas.

La izquierda abertzale quiere que los etarras condenados antes del 15 de agosto de 2010 puedan descontar el tiempo de permanencia en prisión en Francia de las condenas en España.

A partir de esa fecha se hizo efectivo el principio de reconocimiento de condenas entre estados miembros de la UE, previsto por una decisión-marco europea de 2008. Aunque los terroristas condenados con anterioridad pleitearon para que se les aplicara ese beneficio, tanto los tribunales españoles como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo descartaron.

La retroacción del cómputo de condenas impuestas en Francia beneficiaría a la cuarta parte de los terroristas que aún siguen en prisión -unos cincuenta-, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muchos de los cuales verían recortada drásticamente su estancia en la cárcel o, directamente, saldrían a la calle. Cabecillas de la banda como Fiti o Kantauri y asesinos en serie de la talla de Txapote, condenado por matar a Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez, serían beneficiados.

El propio Ministerio de Justicia confirma sin pudor que la decisión está tomada y que forma parte del plan normativo del Gobierno para este año. La decisión-marco de 2008 abre la posibilidad de que los estados miembros de la UE la apliquen, pero en ningún caso les obliga a hacerlo.

Así lo entendió el Gobierno de Mariano Rajoy, que siempre rechazó una medida de alivio para los peores criminales de ETA. Con Sánchez, el paraguas europeo se abre para dar cobertura a sus pactos con Otegi.

Si esto no fuera suficiente, la segunda reforma por la que presionan los proetarras es la modificación del Código Penal para dejar sin efecto el cumplimiento íntegro de las condenas, introducido por el PP y del PSOE como parte de su Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000.

Aquella reforma ha hecho que los terroristas más sanguinarios cumplan el tiempo máximo de permanencia en prisión, que puede oscilar entre los treinta y los cuarenta años, sin recortes por beneficios penitenciarios ni acumulaciones de condenas.

Todo es reversible para el PSOE: cuando Zapatero pactó con ETA la tregua de 2005, incluyó en la agenda común la derogación de la doctrina Parot. La disposición de los socialistas siempre es muy abierta cuando se trata de pactar con este tipo de interlocutores.

Consiga o no Otegi estos objetivos, el hecho de plantearlos demuestra que los proetarras se sienten seguros con un Gobierno que es capaz de decir que comparte con ellos un ‘proyecto de país’ y que no dudó en incorporarlos a la dirección del Estado, como dijo Iglesias.

Por desgracia, nada de lo que se proponga Bildu es inverosímil porque sus demandas dependen de Sánchez, cuyo apego al poder supera cualquier condicionamiento democrático y el trato amable a Otegi es la prueba irrefutable.

ABC