La evolución de los acontecimientos empuja a Cataluña a una legislatura dominada por el activismo independentista, jaleado por la mayoría que el separatismo tiene en el Parlamento catalán y por la excusa fraudulenta de una mayoría de votos por la independencia.

El separatismo ya ha dado muestras de cómo se va a tomar los próximos años, después de haber puesto a Laura Borràs al frente del Parlament y con una mesa de la Cámara con hegemonía absoluta de las fuerzas independentistas, que cuentan con cinco puestos frente a dos de los socialistas.

Que Borràs esté imputada y, aun así, haya sido elegida presidenta del Parlamento catalán no significa más que el desprecio del separatismo por el Estado de Derecho y la justicia, y simboliza bien la imposibilidad de cualquier diálogo político con el separatismo. Su lenguaje es incomprensible e inaceptable para cualquier demócrata que se reconozca en los valores del Estado de Derecho.

Es Pedro Sánchez, y no los separatistas ya conocidos, quien debería explicar qué plan tenía para Cataluña cuando apostó por jalear al separatismo con la reforma del delito de sedición y los indultos a los condenados por el 1-O. Y también debería aclarar qué plan tiene ahora, cuando su candidato Salvador Illa ha quedado en el olvido y Esquerra Republicana de Cataluña, su socio en Madrid, lidera sin contemplaciones una legislatura de enfrentamiento con el Estado.

El Gobierno de Sánchez hizo piña con el separatismo republicano en el Congreso y ha legitimado la posición política de Esquerra con pactos para la legislatura, es decir, con un partido cuya cúpula está condenada por sedición y malversación. Pero Esquerra es un partido desleal con el orden constitucional y sin otro objetivo que la ruptura de la unidad de España y la independencia de Cataluña.

Sánchez y su corte de asesores se están retratando como unos pésimos estrategas, y Cataluña es la prueba de cargo. Los cantos de sirena del PSOE no solo no han hecho mella en el independentismo, sino que han ratificado a sus votantes en las razones para seguir apoyándolo.

Con una mayoría en el Parlament, Esquerra y demás fuerzas separatistas no tienen motivos para cambiar de objetivos ante Sánchez, quien, además, nunca ha exigido al separatismo lealtad constitucional. Con Cataluña en manos del independentismo y con su Gobierno en manos de Esquerra, Sánchez se enfrenta a un problema de Estado agravado por la debilidad que el propio presidente del Ejecutivo ha provocado en las instituciones con su discurso melifluo hacia el separatismo.

La izquierda sigue pensando que el problema nacionalista en Cataluña es que falta diálogo y sobra Constitución, y que la solución consiste en que los socialistas se hagan nacionalistas. Con Salvador Illa parecía que el discurso cambiaba, pero poco podía hacer el exministro de Sanidad frente a partidos secesionistas engordados por el mismo Gobierno al que pertenecía. Las incoherencias de Sánchez son tan graves que no había Illa que las enmendara.

Cuando se forme nuevo gobierno en Cataluña y arranque la legislatura, la amenaza separatista contra el Estado cobrará fuerza. El Ejecutivo de Sánchez debe preparar un plan de respuesta sin más concesiones a la galería. El independentismo ha dejado claro que no echa de menos el diálogo político, ni un cambio constitucional, ni una reforma del delito de sedición, sino que quiere la amnistía y el referéndum para la autodeterminación.

Esta es la agenda real del problema en Cataluña, y no las ficciones buenistas del PSOE para engañar a la opinión pública. Y a esa agenda debe dar respuesta el Estado con la ley en la mano y una decidida acción política de confrontación.

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