El Gobierno de Sánchez es una amenaza cada vez más alarmante para la continuidad de la España constitucional. Su deriva política contra la Corona y el Poder Judicial, simultánea al enaltecimiento de separatistas y proetarras como socios de gobernabilidad, demuestra su persistente estrategia en atacar el sistema de 1978, pero evitando tocar una coma de la Constitución, para lo que no tendría mayoría parlamentaria.

Le basta con ejercer deslealmente las prerrogativas que la propia Constitución confiere al Poder Ejecutivo para la acción de gobierno. Prerrogativas como el refrendo de los actos del Monarca, diseñado para evitar que el Rey cometa errores o ilegalidades, pero no para anular la figura del Jefe del Estado en actos legítimos y plenamente incardinados en sus funciones constitucionales.

La ausencia del Rey Felipe VI en la entrega de despachos a la última promoción de jueces, en Barcelona, responde a un ejercicio fraudulento del refrendo, del que es responsable directo Sánchez y por lo que debería rendir cuentas en el Parlamento. Como dijo con acierto Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, la asistencia del Monarca a la entrega de despachos a los nuevos jueces no es un acto protocolario.

Es la representación fiel de cuantas vinculaciones establece la Constitución entre el Rey y el Poder Judicial, por ser el Rey en cuyo nombre se administra la justicia y el símbolo de la unidad y permanencia del Estado cuya soberanía ejercen los jueces con sus sentencias. Los vivas al Rey de los jóvenes jueces fueron un desagravio ante la malevolencia política del Gobierno.

No extraña que Felipe VI comunicase a Lesmes, en una llamada de cortesía, que le «hubiera gustado estar ahí», porque el Monarca sabe el significado que tiene la decisión de Sánchez, quien ha provocado un incendio en la Constitución y una ofensa a la Corona sin precedentes desde 1978

El Gobierno parece cada vez más empeñado en acelerar el desmontaje del orden constitucional, parapetado en la preocupación social por la pandemia.

Aísla al Rey, desestabiliza la Justicia, secuestra la Fiscalía, crispa la sociedad y compromete una nueva transición con ERC y con Bildu, mientras por boca de Iglesias vuelve un tenebroso guerracivilismo y un vicepresidente y un ministro del Reino de España (que no debieran permanecer un minuto más en su puesto) acusan a Don Felipe de maniobrar contra el Gobierno.

ABC