SÁNCHEZ TOMA A LOS PENSIONISTAS COMO REHENES

Corremos el riesgo de que pronto no sea noticia que Pedro Sánchez ha traicionado otro compromiso. Lo ha hecho tantas veces y en asuntos tan graves que su única coherencia ya solo consiste en la incoherencia perpetua. Se diría que su desprecio al principio de no contradicción es una reformulación personal del relativismo posmoderno, pero Sánchez no es un filósofo.

No actúa con un plan intelectual. Se limita a huir hacia delante para sobrevivir en el poder, y a este propósito cesarista subordina la lógica, su palabra, la dignidad de las instituciones del Estado y ahora también las pensiones.

El pasado 7 de octubre, con la maquinaria electoral en marcha y tras presentar su programa para las elecciones del 10 de noviembre, el candidato a la presidencia y hoy a la investidura formuló la siguiente promesa: «Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones en torno al IPC real».

Pues bien, ayer su ministra portavoz -el presidente rehusó comparecer para hacer balance anual, rompiendo una tradición de 15 años- anunció que congelaba la subida prometida hasta que se forme gobierno. Es decir, Sánchez toma sin rubor a nueve millones de pensionistas como rehenes de su investidura.

Recordemos que el último incremento fue pactado por el Ejecutivo de Rajoy y el PNV a cambio del apoyo de los nacionalistas vascos a las cuentas de 2018, que siguen en vigor ante la incapacidad socialista para aprobar unas propias. De esta manera, Sánchez se convierte en el segundo presidente socialista después de Zapatero que congela las pensiones, cosa que el PP no hizo nunca.

No estamos ante un incumplimiento cualquiera. La revalorización de las pensiones figura como la primera de las 35 medidas que componen el programa electoral del PSOE. Era su medida estrella. La otra propuesta estelar de una campaña planteada desde el centro político era combatir el independentismo -cuyas facciones callejeras acababan por entonces de quemar Barcelona-, interviniendo «el sectarismo» de TV3 y promoviendo la recuperación del delito de referéndum suprimido por Zapatero.

Pero la de las pensiones no ha sido la única promesa rota ayer por el Gobierno con el obvio propósito de presionar a sus socios para que desatasquen la situación y le hagan presidente de una vez. Lo mismo ocurre con el sueldo de los funcionarios, que tampoco registrarán el incremento salarial de al menos un 2% que estaba fijado para este año. Y otro tanto sucede con la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a unos 1.000 euros que exige Podemos y que solo se concretará cuando Sánchez sea investido, según afirmó Isabel Celaá.

A las presiones sobre la Abogacía del Estado para que su demorado dictamen complazca a Oriol Junqueras, erigido desde la cárcel en llave de gobierno, Sánchez suma ahora el chantaje de las pensiones, el SMI y el sueldo de los funcionarios.

Ni la separación de poderes ni la unidad de acción del Estado frente al procés ni ahora tampoco la agenda social: ningún principio es lo suficientemente sólido como para que el inquilino de La Moncloa lo respete sin degradarlo a la condición de moneda de cambio de su permanencia en el poder.

Cuando declaró que no sería presidente a cualquier precio quizá decía la verdad: quizá solo vaya a serlo al precio más alto.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor