SÁNCHEZ Y EL CHANTAJE A LA NACIÓN

La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones confirmó ayer desde Córdoba que a Pedro Sánchez no lo interesa el cómo, ni el con quién, sino el cuándo. Sánchez quiere gobernar cuanto antes, sin importarle las exigencias de los partidos a los que pide el voto para su investidura.

Desde la cárcel en la que cumple condena, y con el visto bueno de la Generalitat, encargada de hacerle más llevadera su pena de prisión, Oriol Junqueras abrió el congreso de ERC con una nueva llamada a la sedición y a la demolición del Estado. «La independencia es irreversible y un nuevo referéndum, inevitable», dijo el líder de Esquerra, el preso del que depende el futuro de la España de Pedro Sánchez.

Junqueras marca la hoja de ruta y Pere Aragonès modula el chantaje. Si para traer de regreso a España a Puigdemont -como prometió hace poco más de un mes- Sánchez no dudó en reconocer la sumisión de la Fiscalía del Estado a sus estrategias políticas, ahora es la Abogacía del Estado la pieza elegida por los separatistas para que Sánchez tenga «un gesto» -claudicación, personal e institucional- con los condenados por el golpe de octubre de 2017.

Si la decisión de la Abogacía, prevista para mañana y referida a la aplicación del reciente fallo del Tribunal de la UE sobre Junqueras, es del agrado de ERC, podría haber investidura antes del día de Reyes. A los separatistas no les interesa la gobernabilidad de una España en la que no creen y que quieren dinamitar desde las instituciones y las calles catalanas, sino sumar a su lucha antisistema a un partido de la talla y las dimensiones del PSOE.

Pedro Sánchez no es para ERC el presidente de un previsible gobierno de la nación, sino el fichaje estelar y el colaborador necesario para reeditar su procés. Como dijo Carmen Calvo, lo que Sánchez quiere es jugar, cuanto antes. ERC le puso ayer fecha y deberes.

A la búlgara, con el 93 por ciento de los votos, el congreso de Esquerra aprobó una ponencia negociadora en la que los de Junqueras no renuncian a la unilateralidad -aunque no se incluya la palabra en la ponencia final, para hacerla presentable en La Moncloa- y en la que se fuerza a Pedro Sánchez a terminar con la «represión», lo que obliga a asumir la tesis de los denominados «presos políticos» que deslegitima nuestro Estado de Derecho.

Está en manos del PSOE contribuir a la demolición del pacto de 1978, operación para la que ya cuenta con el apoyo de Unidas Podemos y la complicidad de Bildu, o asumir su responsabilidad como partido sistémico y buscar una salida constitucional para articular su minoría parlamentaria.

No hay una opción intermedia, salvo que Sánchez decida anteponer su interés personal al de un partido que un día fue nacional y al de una España que no puede depender de quienes, de manera «irreversible», como asegura Junqueras, quieren acabar con ella.

ABC

viñeta de Linda Galmor