El plazo para recurrir la sentencia europea que cuestiona la norma española que prevé la detención incomunicada de terroristas se está agotando. El Gobierno de Sánchez tiene hasta el 18 de este mes (el lunes que viene) para ordenar a la Abogacía del Estado que impugne la decisión que amparó al etarra Aristrain Gorosábel por no poder designar abogado de su confianza cuando fue detenido por hechos que luego dieron lugar a una condena a diecisiete años de prisión.

En todo caso, Aristrain contó con un abogado de oficio y su situación estuvo siempre bajo control judicial. El escrúpulo garantista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido compartido por el Comité contra la Tortura de la ONU, quien en sus informes periódicos de los últimos años ha solicitado del Gobierno explicaciones sobre esta medida aprobada por una ley de 1984 y confirmada por el Tribunal Constitucional en 1987.

Al Gobierno de Sánchez y, particularmente, a su ministra de Justicia, Pilar Llop, les bastaría con leer las respuestas que remitió el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero al Comité de la ONU en enero de 2011. En esas respuestas, Llop tiene a su disposición sólidos argumentos a favor de la incomunicación del detenido por terrorismo y de la asignación de un abogado de oficio.

Decía entonces el Gobierno socialista que «la necesidad de la detención incomunicada surge de la complejidad y las posibles implicaciones internacionales que requiere, en ocasiones, la investigación y el esclarecimiento de los hechos delictivos llevados a cabo por bandas armadas u organizaciones terroristas o rebeldes».

Y, en relación con la designación de abogado de oficio, el Ejecutivo socialista la justificaba con un argumento plenamente vigente, después de la reciente condena a varios abogados, entre ellos Arantza Zulueta, por terrorismo: «(…) resultaría ingenuo desconocer que la red de apoyo y asistencia letrada a los miembros de la organización terrorista ETA viene actuando como portadora de consignas y amenazas a los propios detenidos».

Lo que está al alcance del Gobierno de Sánchez es defender con su recurso un instrumento esencial en la lucha contra el terrorismo, fuera el de ETA o sea el yihadista. Solo tiene que ser coherente con la posición tradicional del Estado español ante Naciones Unidas y no dar por perdida la batalla europea, porque sus consecuencias pueden ser muy negativas para la justicia española y para las víctimas del terrorismo.

Si el TEDH acaba sentenciando contra la ley española, que sea, al menos, después de que el Gobierno haya tenido la dignidad de pleitear hasta el último minuto por los intereses nacionales, aunque no coincidan exactamente con los intereses políticos del PSOE en sus pactos con Bildu.

De la misma manera que la derogación de la doctrina Parot puso anticipadamente en la calle no solo a terroristas, sino también a violadores y asesinos comunes, la consolidación de la sentencia contra la detención incomunicada puede tener un efecto excarcelador de consecuencias imprevisibles, que podrían incluir a condenados recientemente por terrorismo yihadista.

Sánchez no debería plantearse otra opción que el recurso contra la sentencia del TEDH en el caso Aristrain.

Conoce esta decisión y sus consecuencias desde enero de este año. Incluso ha sido emplazado por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a aclarar si la recurrirá o no.

Todavía ni jueces, ni víctimas, ni ciudadanos saben qué va a hacer el Gobierno con una sentencia que ataca un fundamento esencial de la lucha antiterrorista.

Esperemos que Otegi tampoco lo sepa y que la dejadez y dudas de Sánchez a la hora de recurrir no tenga que ver con el indecente pacto que ambos han alcanzado.

ABC