El Boletín Oficial del Estado apareció este viernes convertido en una más de las redes sociales utilizadas por la izquierda para atacar al Partido Popular, aprovechando para ello además la firma del Rey.

Se trata de un hecho insólito que identifica a quien lo ha perpetrado y demuestra el nivel de sectarismo en el que se mueve el Gobierno de Pedro Sánchez. El BOE publicó la reforma que suprime al artículo del Código Penal que, desde 2015, agravaba la condena por delito de coacciones cuando se comete para impedir que los trabajadores vayan a sus puestos de trabajo, o para forzar que inicien o continúen una huelga.

El Código Penal socialista de 1995 ya preveía la actuación coactiva de los piquetes de huelga, mal llamados ‘informativos’, pero con la misma pena que para el delito común de coacciones. La experiencia demostró que muchos piquetes practicaban el matonismo sindical y que su objetivo no era informar del derecho a la huelga, sino impedir el ejercicio del derecho al trabajo, tan fundamental el uno como el otro.

La aplicación de la norma de 2015 se ha saldado con alguna condena por hechos que iban más allá de simples coacciones. En todo caso, la aplicación de la ley siempre quedó en manos de los jueces. Para la izquierda esto no era admisible, porque siempre tiene una visión legitimadora de su violencia a caballo de una causa social que blanquea cualquier agresión o amenaza.

Lo que nunca se había visto es que ese discurso político acabara convertido en la exposición de motivos de una ley, como la que este viernes publicó el BOE. En su preámbulo se acusa directamente al Partido Popular de haber iniciado desde 2011 «un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno».

No siendo suficiente esta legitimación legal de la violencia, la exposición de motivos añade que la reforma laboral del PP «excluyó la negociación colectiva de los trabajadores» y «eliminó otros muchos de sus derechos»; y que la reforma pretendía asfixiar «la resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales hacia las políticas del Gobierno».

El redactor de estas afirmaciones no fue Unidas Podemos, sino el Partido Socialista, reflejado en esta ley como un partido antisistema que califica la violencia sindical como «resistencia» a las políticas económicas del gobierno de turno. La irresponsabilidad del PSOE al dejar para la posteridad este mensaje sectario y partidista en las páginas del BOE es solo explicable como parte de su agenda de transformación autoritaria de la sociedad.

No solo se aprovecha de una institución del Estado para buscar la revancha por su derrota electoral en 2011, pues esta inquina es la que anima el texto, sino que allana el terreno para que la ley no sea un problema cuando sus sindicatos afines salgan a la calle contra un futuro gobierno del PP. Nunca la democracia había asistido a un acto tan degradado de manipulación de la potestad legislativa del Estado.

Para el PP, este episodio es el enésimo aviso de cómo funciona la izquierda cuando toma el poder. En plena crisis social, económica y sanitaria por la pandemia, el PSOE no descuida su agenda intervencionista, ni altera sus prioridades. No han propuesto los socialistas una sola reforma para mejorar la legislación posterior al estado de alarma, pero se han dado toda la prisa para calentar las calles cuando gobierne el PP y garantizar la impunidad de sus piquetes de choque.

No es una ley para un Estado de Derecho, sino una trampa para la democracia.

ABC