«Una irresponsabilidad absoluta, absolutamente impresentable e imperdonable». Son las palabras que ha utilizado el Ejecutivo para definir la manifestación antimascarillas de hace unos días. Totalmente de acuerdo. Es gratificante que reconozca, por fin, sin falacias ni enredos que una concentración de 3.000 personas sin medidas de protección sanitaria supone un atentado contra la salud pública.

Así podrá aclarar cómo debe calificarse a un Gobierno que permitió que 120.000 personas -y podrían haber sido más- marcharan sin mascarilla ni distancia de seguridad el pasado 8 de marzo, con una situación epidemiológica que obligó a confinar a todo el país una semana después. Probablemente habrá que buscar un nuevo término jurídico que describa semánticamente una temeridad para la que no hay precedentes en nuestra democracia.

Argumentan los socialistas que la situación no es comparable porque hoy conocemos la peligrosidad del virus y el 8 de marzo se desconocía. Pero no es cierto.

Las dos cualidades que convierten al Covid-19 en una amenaza potencial para la salud las sabíamos entonces igual que ahora: transmisión de persona a persona y elevada capacidad de contagio. Italia había perdido el control de la enfermedad días antes y su sistema sanitario había colapsado cuando el Gobierno español desafió al coronavirus llamando a salir a las calles. Estos hechos los conocíamos todos. El Ejecutivo disponía, además, de las alertas de Seguridad Nacional que todavía hoy se niega a hacer públicas.

Otro argumento que encanta a los socialistas es que ahora existe una pandemia, que todavía no se había nombrado el Día de la Mujer. Obvian que el 30 de enero la OMS ya había declarado que el coronavirus constituía una emergencia de salud pública de alcance internacional, y que el 7 de marzo había pedido que se adoptaran todas las medidas posibles para evitar la transmisión. ¿Necesitaba más advertencias el Gobierno? ¿Tenía que esperar a que se declarara oficialmente una pandemia para empezar a actuar contra el virus?

La narrativa de los socialistas ante cualquier reflexión que señale el efecto difusor que el 8-M tuvo sobre el coronavirus es siempre la misma. Invariablemente, consideran que se trata de un ataque al feminismo o a la lucha por la igualdad. Otra falacia.

La crítica es contra la utilización partidista que el Gobierno hizo -y sigue haciendo- de este movimiento, retrasando la respuesta a la crisis por hacerse una foto detrás de las pancartas. Recordemos que al día siguiente cambió completamente su discurso sobre el virus.

Han pasado cinco meses de aquella manifestación y el Ejecutivo sigue jugando con los datos. Se preocupa con razón por el peligro de contagio de 3.000 personas sin mascarilla pero ante la alarmante multiplicación de brotes quiere reabrir los colegios con un porcentaje de positivos muy superior al recomendado por la OMS. En palabras de Fernando Simón, lo importantes es mantener la calma porque «los brotes son brotes» y definirlos como una segunda ola es una «cuestión semántica».

A mi juicio, la actuación del Gobierno peca de «irresponsabilidad absoluta». La aparente preocupación del Ejecutivo por la narrativa antes que por salvar vidas resulta «absolutamente impresentable». Y poner en riesgo la salud de estudiantes y maestros con un regreso sin medios ni planificación es «imperdonable».

Pero no vamos a discutir por una simple «cuestión semántica».

Ana I. Sánchez ( ABC )

viñeta de Linda Galmor