¡ SEÑORÍAS, SE HAN LUCIDO !

El Supremo ha dado un golpe letal a su propio prestigio y lo ha hecho, además, en el peor momento posible. Ignoro cuál de las interpretaciones referidas al impuesto de Actos Jurídicos Documentados es la correcta; si la de la sección que dio la razón al cliente o la del plenario que se ha inclinado a favor de los bancos por una ajustadísima mayoría de quince a trece. En términos de credibilidad, da lo mismo.

Semejante división, agravada por la emisión de resoluciones opuestas, proyecta una sombra alargada de sospecha sobre el Alto Tribunal que ya están aprovechando populistas y sediciosos, a dúo, para desacreditar cualquier sentencia emitida por cualquiera de sus salas en cualquier momento. ¡Señorías, se han lucido!

El dislate jurídico es incomprensible, intolerable, inasumible e injustificable. La ofensa al concepto mismo de Justicia, incalificable. ¿Acaso la Ley es tan ambigua que da pie a decidir una cosa y su contraria en el espacio de unos días, como sostiene el presidente del órgano, Carlos Lesmes, o será más bien que los magistrados reunidos para dilucidar una cuestión de tal gravedad han actuado guiados por criterios distintos al que debería imponer su escrupulosa aplicación?

Si Lesmes tuviera razón, no se entendería que desde hace 25 años y hasta el histórico fallo de la Sección Segunda de la Sala Tercera, emitido la semana pasada, la legislación vigente hubiese sido sistemáticamente interpretada en beneficio de las entidades financieras, sin una sola excepción. ¿Tendrán entonces razón quienes afirman que en España la suerte del justiciable depende del juez (o jueces) que le toquen?

Tengo para mí que por ahí exactamente van los tiros, con todo lo que ello implica. Sea como fuere, no sé si Sus Señorías son conscientes del inmenso socavón provocado por su conducta en nuestro Estado de Derecho, precisamente cuando más necesita éste un suelo firme sobre el que asentarse para resistir la embestida de quienes se empeñan en dinamitarlo.

Parece claro que estamos ante una serie de resoluciones o bien directamente motivadas, o bien profundamente influidas por razones de índole político-económica. Prejuicios, intereses espurios, o ambas cosas a la vez. De lo contrario, tendríamos que pensar que un porcentaje elevado de los togados del Supremo no conoce las materias que juzga ni acredita el grado de solvencia exigible a su condición.

Si lo que alega en su defensa el máximo responsable del Alto Tribunal fuese cierto, el Poder Judicial debería haber solicitado hace tiempo al Legislativo que aclarara las dudas existentes en un campo tan relevante para la mayoría de los ciudadanos. En ausencia de iniciativa alguna en esa dirección, cabe deducir que lo invocado por Lesmes son excusas de un mal pagador incapaz de gobernar la nave encomendada a su custodia. En otras palabras; no es la Ley, son ustedes, y sus actos constituyen una irresponsabilidad clamorosa.

Mientras los partidos políticos arriman el ascua a su sardina, tratando de sacar tajada, los golpistas catalanes que pronto serán juzgados se frotan las manos pensando en el inmenso favor que les han hecho esos veintiocho jueces incapaces de ponerse de acuerdo. Ellos han perjudicado más la causa de Pablo Llarena que todas las amenazas independentistas juntas.

Isabel San Sebastíán ( ABC )