SEPARATISTAS EN EL CALLEJÓN DEL GATO

Cuenta Valle-Inclán que en el viejo Madrid había un callejón que se llamaba el callejón del Gato. En ese callejón existía un espejo, no sé bien si cóncavo o convexo, que devolvía las imágenes distorsionadas. Los flacos se veían gordos y los gordos, flacos. Me cuentan que el citado callejón aún existe, y así debe de ser, porque los reflejos distorsionados -a juzgar por algunas afirmaciones que oigo en apoyo del famoso procés– siguen estando a la orden del día.

Las reivindicaciones soberanistas empiezan, o al menos se recrudecen, en el año 2008. Un annus horribilis donde los haya, porque ese año empezó la mayor crisis económica que el mundo ha conocido desde el crack de 1929. El PIB español se desplomó, el desempleo alcanzó cifras intolerables, los bancos amenazaron quiebra y las cuentas con el exterior y las cuentas públicas registraron déficits históricos. La credibilidad de España estaba por los suelos; y, en consecuencia, nadie parecía demasiado dispuesto a prestarnos dinero.

En Cataluña el panorama era todavía más sombrío porque la economía catalana crece más que la española en su conjunto cuando las cosas van bien y se desploma con mayor rapidez cuando van mal. El déficit no cesó de aumentar y la deuda pública se disparó hasta superar los 44.000 millones de euros en el año 2011, muy por encima de la media de las demás Comunidades Autónomas. El resultado fue el cierre a cal y canto de los mercados financieros.

La reacción del Gobierno de la Generalitat fue de manual: descargar sobre el Gobierno central la responsabilidad de los ajustes. El relato se ha ido adornando más y más con el paso del tiempo, porque abre infinitas y atractivas posibilidades de sumar voluntades a la idea -empíricamente indemostrable- de que una Cataluña independiente se volvería más próspera y europea, se habría liberado del “expolio fiscal” al que España le había sometido y se adueñaría, por fin, de su propio destino.

Muchos catalanes que sufrían y sufren en carne propia la dureza de la crisis quedan entonces seducidos por estos cantos de sirena. No se interrogan seriamente acerca de los costes de una secesión. No ven con objetividad el largo camino histórico recorrido por Cataluña en España. Y tampoco se paran a echar cuentas de los beneficios que Cataluña, con absoluto merecimiento, ha obtenido de su pertenencia a España y a Europa. Entramos así en el callejón del Gato.

La estrategia secesionista ha cambiado en los últimos tiempos. Hasta hace bien poco, lo que pretendían era ser reconocidos por la Comunidad Internacional y por la Unión Europea. Dos pretensiones imposibles. Porque es innegable que el principio de integridad territorial prima sobre el de libre determinación salvo en los casos de pueblos colonizados, ocupados militarmente o aquellos en los que los ciudadanos hayan visto rechazado un acceso efectivo al gobierno para asegurar su desarrollo político, económico, cultural y social (Dictamen del Tribunal Superior de Canadá del 20 de agosto de 1998).

Circunstancias que evidentemente no se dan en Cataluña. Y porque es también innegable que “si una parte de un territorio de un Estado miembro -de la Unión Europea- deja de ser parte de dicho Estado porque se convierte en un nuevo estado independiente, los tratados (…) ya no se aplicarían desde el mismo día de su independencia en ese territorio” (Declaraciones del presidente del Consejo Europeo el 12 diciembre de 2013). Y eso es aplicable tanto a Escocia como a Cataluña.

Cuando los secesionistas se convencen de que nadie está dispuesto a legitimar la secesión cambian de tercio. Pasan a querer demostrar que el Reino de España pisotea los derechos y las libertades y desconoce los principios más elementales de un Estado de derecho. La cosa empezó hace ya más de tres años cuando Ramón Tremosa (PDeCAT) formuló a la Comisión la siguiente pregunta: “Teniendo en cuenta la historia del Estado español en los últimos años (…) ¿piensa la Comisión clarificar si pediría que se aplicara el artículo 7 del TUE en caso de una intervención del ejército en la vida democrática de un Estado miembro?”. Esta estrategia de deslegitimación de las instituciones democráticas ha sido aireada por toda España en los últimos meses por Podemos, Bildu y cuantos desean la voladura del edificio Constitucional que entre todos construimos en 1978.

¿Qué va a pasar en los próximos días? No tengo una bola de cristal, pero creo que los separatistas -con o sin declaración de independencia- van a trasladar a la calle el debate con el decidido propósito de crear un clima prerrevolucionario que vaya abonando el terreno para unas elecciones autonómicas que ellos calificarán de constituyentes.

El Gobierno de la Nación ha optado hasta ahora por combatir el proceso con extraordinaria prudencia, primando los argumentos jurídicos sobre los políticos. Sin embargo, creo que ya ha llegado la hora de sancionar a los sediciosos y sobre todo de suspenderles en sus funciones para que no se sigan aprovechando de su posición institucional para perpetrar un golpe de Estado contra las propias instituciones que dirigen. Como ocurrió en 1934, no se trata de suspender la autonomía ni mucho menos de derogar el Estatuto; suscribo las palabras que en aquella ocasión dijo Alejandro Lerroux: “Hemos reconocido una situación jurídica en Cataluña y no hemos de atentar contra ella; hemos de pedir solamente que los catalanes respeten también la Constitución del Estado” (9 de octubre de 1934). Santa palabra.

Pero esto no basta. El respeto a la legalidad está muy bien; pero, además hay que hacer política, como recordó Francisco Pérez de los Cobos en su discurso de despedida como presidente del Tribunal Constitucional: “Hay problemas políticos que pueden resolverse satisfactoriamente por métodos jurisdiccionales, pero (…) los problemas derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico no pueden ser resueltos por este tribunal (…). Los poderes públicos son los que están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación, los problemas que se desenvuelven en este ámbito” (14 marzo 2017).

La política empieza por recuperar la iniciativa en la escena internacional, porque, como he recordado muchas veces, el partido se juega fuera. La ofensiva diplomática de la Generalitat catalana ha sido muy intensa en los últimos meses y, en mi opinión, nuestra respuesta ha sido demasiado débil. Y, además, hay que restablecer los puentes del diálogo, como acertadamente reclamaba Pérez de los Cobos. Este diálogo, obvio recordarlo, sólo puede hacerse dentro de la ley y por quienes acepten que las reformas institucionales sólo pueden abordarse por el procedimiento establecido en la propia Constitución.

Conviene puntualizar como he hecho en mi reciente libro Por una convivencia democrática (Deusto) que las reformas que se proponen no pueden interpretarse en términos de cesión a las exigencias de los actuales responsables catalanes. Más bien responden al propósito de actualizar los acuerdos de convivencia que nos dimos en 1978 en el sentido que demanda buena parte de la sociedad española. Con todo, estas reformas deberían dar respuestas satisfactorias suficientes a la cuestión catalana, y deberían hacerlo para intentar mantener vivo durante dos o tres generaciones un pacto que permita habitar con comodidad en la Casa Común a todos los españoles.

José Manuel García-Margallo y Marfil ( El Mundo )