España vive una situación angustiosa. Vuelve a ser el país de toda Europa con la mayor tasa de contagios por coronavirus y la situación ha entrado en una fase crítica con la pandemia descontrolada en distintas zonas. Hasta Fernando Simón ha dejado por una vez de actuar como portavoz gubernamental con mensajes intrascendentes al gusto de Sánchez e Illa y el jueves admitió categórico que «las cosas no van bien;podría haber muchos muertos».

Los rebrotes se han multiplicado y, mientras los hospitales se preparan para volver a sufrir una situación de estrés muy complicada, reservando ya plantas enteras a pacientes de Covid, el daño que está sufriendo nuestra economía es demoledor.

Pues bien, dicho todo esto, resulta que no se puede hacer prácticamente nada para combatir la epidemia. No es una conclusión desde la resignación, sino lo que cabe colegir del auto de ayer de un juez de Madrid que anula las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de esta Comunidad para frenar la expansión del virus.

Dice el magistrado que «no se pueden limitar derechos fundamentales sin una previa declaración del estado de alarma». Lo ocurrido es extraordinariamente serio. Y obliga a señalar ante lo que esté por venir a un Gobierno de la Nación que pasó de la alarma a la inhibición, haciendo una gravísima dejación de responsabilidades.

Es una desvergüenza que el presidente Sánchez y la mayoría de sus ministros hayan estado como si nada de vacaciones pese a constatarse que estamos metidos en un laberinto jurídico institucional mientras luchamos con un enemigo invisible y tan temible como la Covid-19. La decisión de este juez, si se repite en el resto de territorios, deja a los Gobiernos autonómicos desarmados

¿Qué hacemos entonces cuando se trata de un asunto de salud con tantas vidas en riesgo? Hemos llegado aquí porque Sánchez se negó desde abril, cuando empezaron a reclamárselo partidos en la oposición como el PP, a aprovechar las fases finales de la desescalada para promulgar una normativa que, dentro de la legislación ordinaria, sirviera de base legal a las comunidades para gestionar la etapa actual.

El Gobierno prefirió alargar el uso del estado de alarma y fue incapaz -o no quiso, lo que es peor- de impulsar una cobertura legal que ahora evitaría el vacío legal o el caos regulatorio. Después, se lavó las manos como si pretendiera que se visualice que es o él o el caos. Se llenaba la boca Sánchez con la «cogobernanza» cuando su obligación era dar a las autonomías armas legales y asumir la coordinación.

El juez dice que sin el marco especial fijado en la Constitución no se puede prohibir fumar en la calle o exigir el adelanto del cierre de los bares. Hay que recordar que, a rastras, el ministro Illa hizo suyas éstas y otras medidas para que fueran homogéneas en toda España.

Pero, tan chapucera fue su actuación, que el magistrado le afea ahora que la orden ministerial ni ha sido publicada en el BOE. En todo caso, dejar al albur de la interpretación de cada juez la aplicación de estas normas es perder antes de dar la batalla.

El Mundo