No se van cortar. Ninguna idea les parece escandalosa o deshonesta cuando se trata de consumar el asalto a las instituciones y aplastar cualquier atisbo de resistencia. Pasarán por encima de lo que haga falta, liberados de cualquier escrúpulo de conciencia por su convicción de encarnar la causa ideológica correcta.

Sans façon, dicen los franceses: de cualquier manera, sin apuros ni vergüenza. Si hay que sacar a sus aliados de la cárcel, se reforma el Código Penal para acortarles la condena. Si hay que eludir responsabilidades por la imprevisión y ocultación de la pandemia, se instruye a la Fiscalía para que pida el archivo de las querellas. Si hay que esconder la adjudicación de contratos sanitarios bajo sospecha, se congela el portal de Transparencia.

Si hay que colocar al frente de una empresa de tecnología naval a una enfermera (ha ocurrido en Murcia), se la nombra sin el menor problema. Si hay que mentir, se miente; si hay que presionar, se presiona; si hay que chantajear, se chantajea.

Y si los tribunales se empeñan en negarles la razón, se cambia la cúpula del poder judicial para que se atenga a las consecuencias. Por qué se van a molestar en cumplir las leyes si pueden controlar a quienes dictan las sentencias.

Cuando González y Guerra diseñaron el sistema de nombramientos que excluía a los jueces de la facultad de elegir sus órganos de gobierno, el PSOE tenía más de doscientos diputados en el Congreso. La invasión política era tan explícita que el entonces vicepresidente llegó -o así se le atribuye- a ufanarse de enterrar a Montesquieu.

Pero aun así sintieron suficiente pudor para establecer un método de mayoría agravada en el procedimiento. Sánchez e Iglesias, éste a punto de comparecer ante el Supremo, ni siquiera tienen juntos masa crítica con la que liquidar ese mínimo requisito de consenso y se van a apoyar en los herederos de ETA y en el separatismo insurrecto, casualmente las fuerzas que tienen más miembros, simpatizantes o dirigentes presos.

Qué mejores cómplices, en el pleno sentido del término, para cometer un desafuero y retorcer el Derecho.

En condiciones normales existirían bastante posibilidades de que el Tribunal Constitucional pudiera echar abajo el amaño, pero la normalidad en España ya es un concepto imaginario y, en el mejor de los casos, para cuando el trámite jurídico cumpla sus plazos el CGPJ tendrá renovados por las bravas sus cargos.

En Europa tampoco cabe confiar: ya se ha tragado maniobras similares de los populistas húngaros y polacos. Es de esperar que al menos a la oposición no le tiemblen las piernas con el órdago y termine por aceptar un pacto que legitime este descomunal atropello autoritario.

Que caigan las caretas y se vea a plena luz el rostro torvo del proyecto bolivariano, por si algún despistado aún cree que esta clase de cosas no pueden suceder en un moderno país democrático.

Ignacio Camacho ( ABC )

viñeta de Linda Galmor