SIN CONGRESO NO HAY DEMOCRACIA

Una mínima sensibilidad democrática advierte rápido que bajo condiciones de excepcionalidad es precisamente cuando más sentido cobra el Parlamento. Ejemplos como el de Orban en Hungría informan de la consabida tentación autoritaria que acecha en la respuesta política a todo trauma colectivo: una guerra, una crisis, una pandemia.

En España, la oposición ha mostrado su lealtad al Gobierno de Sánchez con obras, votando a favor de la prórroga del estado de alarma por sentido de Estado, pero esa responsabilidad no acarrea pleitesía: su función de fiscalización del poder está más vigente que nunca, porque Sánchez concentra en estos momentos las atribuciones más excepcionales de que haya dispuesto un gobernante desde la muerte de Franco.

Por esa razón supone una victoria de la democracia el regreso de las sesiones de control al Gobierno en el Congreso y el levantamiento de la suspensión de los plazos para la tramitación de iniciativas parlamentarias. Esa suspensión la había decidido la mayoría formada por PSOE y Podemos en la Mesa del Congreso, paralizando así toda actividad y liberando al Ejecutivo de la obligación de responder en plazo concreto a las preguntas de la oposición.

 La seguridad nunca puede ser el pretexto para coartar de forma duradera la libertad: el estado de alarma previsto en nuestra Constitución se define por su carácter provisional y sujeto al control político y periodístico. Del segundo nos ocupamos los medios cuando la secretaría de Estado de Comunicación no lo impide; del primero obtendremos hoy una muestra en el pleno que dirimirá la nueva prórroga del estado de alarma, entre otros decretos.

Son cada vez más las voces de juristas que sospechan una extralimitación en la interpretación del Gobierno del estado de alarma. Muchos señalan que de facto vivimos ya bajo un estado de excepción. No hay que olvidar que el Gobierno ha tenido que dar marcha atrás en el globo sonda sobre el confinamiento para asintomáticos en infraestructuras, que carecía de cobertura legal.

Pero a expensas del debate de hoy, importa aclarar algo desde ya: toda apelación al espíritu de la Transición y a los Pactos de La Moncloa que no vaya acompañada de la iniciativa -creíble, acreditada con hechos, no con un telefonazo aislado- de quien ostenta la primera responsabilidad, que es el presidente, habremos de tomarla como el enésimo truco de la factoría de marketing político de Moncloa, que ni siquiera ante una pandemia que amenaza con devastar el tejido productivo del país es capaz de aparcar sus maniobras envolventes y sus juegos de relato.

Pactar supone ceder, renunciar a la propia agenda ideológica en beneficio de las mejores propuestas de la oposición, cuya experiencia de gestión económica no cabe desechar, a no ser que se aspire a mantener el timón del sectarismo hasta el final al precio de hundirse con el barco.

El Mundo