SIN PERDÓN
Al menos 10.565 condenas penales han acabado en indultos y sus responsables caminan entre nosotros llevando una vida normal. La cifra, contabilizada por Civio, revela la ligereza con la que los políticos se meten a jueces para dispensar un perdón que solo debería concederse de manera excepcional y concurriendo razones que es difícil encontrar en la mayoría de los indultos. El resultado es estremecedor y eso que solo computa los máximos perdones concedidos desde el año 1996.
¿Es de utilidad, justicia o equidad pública perdonar a 3.028 autores de delitos contra la salud pública? ¿A 20 terroristas? ¿A 146 asesinos? ¿A 2.181 ladrones? ¿A 98 secuestradores? ¿A 12 agresores sexuales? ¿A 920 autores de delitos de lesiones? ¿A 227 corruptos? ¿A 980 defraudadores? ¿A 170 autores de delitos contra la Constitución? La lista sigue y sigue. Es tan larga que podría llenar esta columna y trae a la memoria aquella esperpéntica frase de Ramón del Valle-Inclán en Luces de Bohemia: «en España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza».
Ahora existe la oportunidad de que el bochornoso abuso del indulto llegue a su fin. Desde 2017 existe unanimidad entre los grupos políticos para acabar con la arbitrariedad en la concesión de la máxima medida de gracia e impedir su dispensa en determinados delitos. Estábamos de enhorabuena hasta que la moción de censura del PSOE se cruzó en medio.
El as del indulto es una baza para negociar con los independentistas que Pedro Sánchez no quiere perder y los socialistas están preparando el terreno para tirar por tierra la reforma. De la mano de ERC, ha llamado al Congreso esta semana a varios juristas de prestigio para intentar que señalen que limitar la concesión del indulto puede ser inconstitucional.
Su vista está puesta en impedir que se prohíba perdonar a los condenados por sedición o rebelión. Una cuestión que reclama el PP, pero que reduciría la capacidad negociadora de Pedro Sánchez con sus socios. Pero, ¿es acaso el indulto un derecho y, por tanto, no puede restringirse? En absoluto.
Es una medida de gracia que el Estado puede limitar como considere, de la misma forma que restringe a qué estudiantes otorga becas, a qué familias concede ayudas o a qué desempleados otorga subvenciones. Exactamente igual que el Código Penal impide que los condenados por terrorismo y otros delitos de sangre puedan acceder al tercer grado penitenciario antes de cumplir la mitad de la condena.
