SOBRE LA VIOLENCIA

Es inevitable: cuando los hechos desbordan al derecho, aparece la violencia. Y, con ella, la reflexión sobre la violencia. Así ha sucedido desde el pasado domingo, tras la actuación policial destinada a impedir la celebración del referéndum ilegal. Desde entonces, se acumula la tensión: la insurrección catalana parece haber entrado en una fase revolucionaria que bien podría culminar pronto en una declaración unilateral de independencia. En esta diabólica espiral de acontecimientos, no podía faltar la huelga general que figura en todos los manuales revolucionarios: no es casualidad que George Sorel la concibiera como un gran mito movilizador de sentimientos que, a través de la violencia, impide el compromiso pragmático y establece una mitología mesiánica.

Quien viese hace un par de días a los mossos de Mataró cuadrarse ante la multitud a los sones de Els Segadors, en perfecta representación viral del vaciamiento simbólico del Estado, sabrá que nos deslizamos por una corriente de radical peligrosidad. No queda más remedio, pues, que hablar de la violencia: un tema clásico en la historia del pensamiento político que recobra, ante nuestra perplejidad democrática, toda su vigencia.

Digámoslo rápido: a un Estado democrático le asiste el derecho a usar la fuerza en defensa del Derecho. Eso no convierte el uso de la fuerza en moralmente deseable, ni exime a sus practicantes de observar los límites que sean pertinentes en función del contexto en que su actuación tiene lugar. Si se cometieron abusos el domingo, habrán de ser investigados por los jueces; por eso vivimos en un Estado de derecho. Pero a nadie, patologías sádicas aparte, le gusta que se emplee la violencia; ese debate, pues, puede zanjarse rápidamente. Más relevante es discutir si el uso de la fuerza es útil, esto es, si sirve a los fines que persigue.

Y aquí, me temo, no hay una respuesta unívoca. Eso dependerá del caso y el contexto; de las circunstancias políticas donde esa fuerza se ejerza y de la manera en que se ejerza. ¡No hay reglas fijas! Es ahí donde asoma el verdadero problema catalán: la completa deslegitimación del poder estatal, y por tanto de la fuerza que pueda ejercer ese poder, a ojos de aproximadamente dos millones de ciudadanos. Habrá que recordarlo esta semana, pues el artículo 155 no es un sortilegio que paralice al Gobierno separatista como si estuviéramos en una película de serie B; es necesaria una fuerza que haga efectiva su aplicación. Las desoladoras imágenes que mostraban la expulsión de la policía de los hoteles en que se alojaba no indican que esa fuerza exista. Pero existir, existe.

Manuel Arias Maldonado ( El Mundo )