SUBIR IMPUESTOS NO ES EL CAMINO

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido enmendar en la práctica unos Presupuestos que prometió respetar en el debate de la moción de censura. Sin especificar la cuantía, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el jueves que subirá el techo de gasto para poder llevar adelante su política expansiva. De seguir los consejos de Unidos Podemos, podría hacerlo hasta en 15.000 millones, algo absolutamente incompatible con la tarea impuesta a España por la UE de reducir el déficit público.

Nuestro país se ha comprometido con Bruselas a bajarlo hasta el 2,2% del PIB este año y al 1,3% el próximo, desde el 3,1% con el que se cerró el ejercicio de 2017. Sería una grave irresponsabilidad echar por tierra el esfuerzo realizado por todos los españoles para sortear la crisis gracias a la aplicación de las políticas de austeridad y de reducción del gasto público. Pedro Sánchez debe entender que las obligaciones comprometidas por España con nuestros socios comunitarios también le afectan a él, por más que se vea arrastrado a pagar la cara factura contraída con los partidos que le llevaron hasta La Moncloa.

No debe olvidar el nuevo presidente del Gobierno que nuestra economía es la única que todavía se encuentra bajo vigilancia de la Comisión Europea y sometida al procedimiento de déficit excesivo. Montero anticipó que, para poder hacer frente al incremento del gasto que prepara el Gobierno, se van a imponer nuevos tributos, lo que supone una estafa a todos los ciudadanos. Porque aunque nominalmente los principales afectados serán las empresas, los bancos y las grandes corporaciones multinacionales, lo cierto es que las nuevas cargas terminarán repercutiendo sobre la clase media trabajadora.

En primer lugar, Montero anunció que pretende subir el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 12% al 15% y limitar, además, el uso de deducciones en la cuota. Es obvio que este aumento de las tarifas a las empresas tendrá consecuencias negativas sobre el empleo, en un momento en el que el paro está descendiendo gracias, entre otras medidas, a la reducción de los costes de contratación y despido impulsados por el Gobierno de Rajoy. Y el incremento del gasto empresarial con finalidad recaudatoria conllevaría una subida de precios de la que tendrán que hacerse cargo los consumidores.

Montero adelantó también su propósito de recuperar la llamada tasa Google que no pudo aplicar su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro. Con ella se podrían recaudar unos 600 millones de euros, si se logra que las grandes empresas tecnológicas coticen por los beneficios obtenidos en nuestro país, mientras se tramita una ley comunitaria que ponga fin al ventajismo fiscal del que disfrutan muchas de estas compañías. El Gobierno persigue recaudar, además, a través de un impuesto especial a la banca para ayudar a financiar la Seguridad Social y pagar las pensiones.

El sector, del que se pretenden recaudar 1.000 millones, ya ha advertido que no comparte la medida, por lo que podrían ser los clientes los que terminasen por pagarlos en los diferentes productos bancarios. Los inversores ya han mostrado su preocupación por un impuesto que introduce un elemento de inseguridad jurídica en un momento de creciente incertidumbre en los mercados internacionales.

Finalmente, serán también los ciudadanos los perjudicados con los gravámenes verdes, con los que se quiere penalizar a los productos contaminantes, como el gasoleo y la gasolina y los residuos de bolsas de plástico. Subir los impuestos para hacer electoralismo significa empobrecer a los trabajadores.

El Mundo