SUMISIÓN HUMILLANTE A ERC

Desde hace dos semanas, Pedro Sánchez ha sometido a la Abogacía del Estado a un test de estrés y dominio tan intenso que forzó ayer a la Asociación que agrupa a estos juristas a emitir un comunicado para reivindicar su profesionalidad, y su sumisión a la legalidad, para no aparecer como un Cuerpo del Estado humillado a los designios del Gobierno en funciones.

Sánchez ha conseguido que la Abogacía parezca un colectivo a su servicio, y no un cuerpo relevante de expertos capaces de poner al Estado por encima de los caprichos del Gobierno de turno. De hecho, Moncloa ha filtrado el informe de la Abogacía del Estado, que no se hará público hasta hoy, a ERC, lo que ha allanado el camino de la investidura de Sánchez, ya que el acuerdo parece inminente.

Sin embargo, el hecho de que la Abogacía sea un cuerpo dependiente del Gobierno no significa que esté obligado a pervertir la letra y el espíritu de la ley siguiendo las instrucciones de ningún ministerio, y menos aún de la presidencia del Gobierno.

Nadie tiene patente de corso para pervertir la ley, ni debe vulnerarse la legalidad para satisfacer las ambiciones políticas de ningún aspirante a presidente, o para servir como «gesto» para convencer a un partido que pretende destruir el orden constitucional. Lo que está haciendo Moncloa es escandaloso.

Es cierto que el Tribunal de Justicia de la UE ha modificado su doctrina respecto a los cargos electos en el Parlamento europeo, y también lo es que en primavera Oriol Junqueras pudo gozar de inmunidad para formalizar su acta de europarlamentario. Sin embargo, su situación procesal ha cambiado drásticamente desde entonces: es un condenado en firme y retrotraer sus derechos carece de sentido porque actualmente, lo diga el Tribunal de Luxemburgo o no, pesa sobre él una condena de prisión e inhabilitación para ejercer todo tipo de cargo público.

Pretender, como ha hecho el independentismo, que ese fallo invalida el proceso penal es absurdo. Y presionar para que la Abogacía lo perciba de esa manera es casi prevaricador. Cuando los abogados del Estado sostienen en un comunicado oficial que no se someterán a presión alguna es llanamente porque alguien -y solo puede ser La Moncloa- está presionando a la institución. Y eso no es democrático.

Todo en España está ahora mismo supeditado a satisfacer al separatismo catalán para investir a Sánchez a toda costa, aunque las costuras del Estado de derecho estén al límite. Sánchez ha sojuzgado cualquier criterio crítico dentro del PSOE, ha negociado con los comunistas un proyecto de Gobierno que nadie conoce, y ahora adopta una pose de sumisión a ERC. Por eso, salvaguardar la dignidad del Estado se ha convertido en una necesidad imperiosa.

ABC