Los esfuerzos de la izquierda por ‘no perder la calle’ y que no prolifere un estallido social contra el Gobierno empiezan a ser insuficientes. La izquierda siempre patrimonializó a su gusto las protestas y manifestaciones, y las utilizaba como instrumento de presión constante contra los gobiernos del PP.

En 2012, los sindicatos organizaron a Rajoy dos huelgas generales en pocos meses, sin darle siquiera margen para cumplir cien días en La Moncloa desde que convocaron la primera. Después, todo fue una cascada sin fin de protestas contra los recortes y el ‘austericidio’. Incluso la conflictividad social llegó al punto de soportar aquel famoso ‘Rodea el Congreso’, convocado por un incipiente Podemos, cuyo objetivo era desestabilizar las instituciones y acosar a la derecha.

Hoy, pese a la gravedad de la deriva inflacionista, la escalada de los precios de combustibles, electricidad y gas, o pese al incesante aumento de los costes de las materias primas, los sindicatos callan. Solo se pliegan de forma sumisa, casi lanar, al Gobierno y se alinean contra la bajada de impuestos.

Sin embargo, la indignación contra la pasividad del Gobierno no es ideológica. Su temor a que las calles ya no sean movilizadas solo por la propia izquierda es notorio. Crece la preocupación en La Moncloa a que la derecha, y en particular Vox, rentabilicen el desgaste de un Ejecutivo superado por las circunstancias.

No obstante, se equivocará mucho Sánchez si persiste en la absurda idea de que la ciudadanía indignada, o sectores como la ganadería, los transportes, la pesca, la agricultura, el sector lácteo o la siderurgia son solo nidos de ultraderechistas que conspiran contra Sánchez.

Es la eterna doble moral con que la óptica del Gobierno percibe las cosas: cuando la izquierda se manifiesta es porque está legitimada y la democracia se ve amenazada. En cambio, cuando la huelga es convocada por otros colectivos -por cierto, siempre son trabajadores, y además en este caso de muy diferentes ideologías- es porque España está repleta de fascistas. La hipocresía de esta equivalencia es palmaria.

Resulta irónico que ahora mismo no se esté produciendo una ‘huelga legítima’ del transporte, sino un ‘boicot al Gobierno’. Ahora no hay trabajadores en lucha por una causa común, sino terminales de la extrema derecha conjurados contra Sánchez.

Ahora no hay ‘piquetes informativos’, sino una ‘violencia intolerable’. Y siendo cierto que los episodios de violencia son inadmisibles, también lo es que cuando eran los sindicatos tradicionales quienes incurrían en ellos, la izquierda los avalaba, e incluso despenalizó esas conductas. Una vez más, la perversión del lenguaje, la doble vara de medir, la ley del embudo ideológica, y un estrabismo político evidente.

Otro dato más: para ser ‘minoritarios’ los convocantes del paro (representan nada menos que a 90.000 empresas), al Gobierno se le nota demasiado su preocupación por esta pérdida progresiva del favor de muchos cientos de miles de trabajadores.

Sobra la afirmación de Sánchez del pasado viernes -«por mucho que amortigüemos los precios, hay que actuar sobre la raíz del problema»- por la sencilla razón de que aún no ha ‘amortiguado’ nada. No es justo que los españoles puedan sufrir un desabastecimiento de productos esenciales.

Pero tampoco es lógico que el Gobierno se niegue a negociar con tantos colectivos afectados a los que su actividad empresarial empieza a costarles dinero en vez de ganarlo. El sector lácteo es un claro ejemplo. Por eso resulta especialmente cínica la protesta convocada por los sindicatos tradicionales el próximo día 23 para culpar a Europa de todos los males de España.

Quizá ese día alguna pancarta llegue a proponer la beatificación de Sánchez…

ABC