TERCER GRADO AL GOLPE DE ESTADO EN CATALUÑA

Nueve meses después de la sentencia de hasta 13 años de prisión por la intentona golpista de 2017, todos los cabecillas del 1-O han obtenido el tercer grado por obra y gracia de la Generalitat, que tiene las competencias en materia penitenciaria.

La Consejería de Justicia -en manos de ERC- ha aceptado la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles para que los nueve presos pasen a régimen de semilibertad: solo tendrán que ir a la cárcel para dormir, e incluso eso puede evitarse con pulseras telemáticas.

No por previsible la decisión deja de suponer una burla vergonzosa del Estado de derecho y del principio de igualdad ante la ley. No contentos con los privilegios penitenciarios que han disfrutado durante su corta estancia en prisión, los golpistas sin arrepentir vuelven a la calle en tiempo récord, en el momento más oportuno para la precampaña electoral en Cataluña.

Los españoles no entienden que la mayor agresión que ha padecido la democracia española desde el 23-F salga tan barata. La función disuasoria de la pena queda así sin efecto y crece la tentación de repetir el golpe. Solo el Supremo puede ahora atajar esta impunidad, revocando el tercer grado por mucho circo victimista con propósitos electorales que se arme.