UN ” TEXTO ” TRAMPA QUE SOLO PERSIGUE LA IMPUNIDAD

Pretender reconstruir una sociedad rota por medio siglo de terror aplicando la receta del olvido, además de ser una indignidad propia de quienes carecen de ética cívica y respeto por la vida humana, supone asestar un nuevo golpe a las víctimas. Una humillación que ni la ciudadanía ni el Estado de derecho deben aceptar bajo ningún concepto.

Por eso es inadmisible el comunicado que ETA ha hecho público apenas dos semanas antes de anunciar su supuesta disolución definitiva. Un texto trampa que mediante la cínica fórmula de pedir perdón solo a una parte de las víctimas persigue ganarse a la opinión pública para que partidos como el de Otegi, que defienden el mismo programa secesionista y totalitario que la banda, lo rentabilice electoralmente.

Pero además, y eso es quizá lo más preocupante, ETA aspira a blanquear internacionalmente su sangrienta historia de extorsión, secuestro y muerte, y que de ello se deriven privilegios penales y carcelarios tanto para sus presos como para los fugados. Si el Gobierno, condicionado por la política de acercamientos de presos iniciada por Francia y por la opinión de algunos mediadores internacionales, cediese y aplicase una solución de este tipo, como pretendió hacerlo el Gobierno de Zapatero con Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, estaría colaborando con el objetivo de amnesia e impunidad al que aspiran los terroristas.

ETA fue derrotada con las únicas armas del Estado de derecho y éste ha de mantenerse firme en la aplicación de la ley. No se debe permitir que ninguna argucia jurídica, como ocurrió con la revocación por Estrasburgo de la doctrina Parot, permita la salida escalonada de los asesinos y sus cómplices. Tampoco es admisible la aplicación de privilegios penitenciarios, como en el pasado gozaron terroristas sanguinarios como Bolinaga, ya que significarían una burla a la justicia y a todos los españoles. El Gobierno, además, debe exigir a la banda que entregue todo su arsenal y que colabore con los tribunales para que los más de 350 asesinatos que quedan aún por resolver puedan ser esclarecidos.

Lo contrario sería asumir el relato que la banda terrorista quiere imponer. Para los etarras, lo ocurrido en estos 50 años es responsabilidad tanto de ETA como del Estado, por eso exige que éste asuma sus hipotéticas culpas y haga cesiones en beneficio del final del conflicto. ETA es la única responsable del terror que tuvo que padecer la sociedad española y es una canallada pretender igualar a los asesinados por la banda con los terroristas que perdieron su vida cuando intentaban atentar o huir de la fuerzas de seguridad.

Como tampoco son equiparables los “torturados” y los “obligados a huir al extranjero”, como hipócritamente dice el comunicado. Nunca se libró en España una guerra de igual a igual. Se trató de la ofensiva unilateral de una organización mafiosa y asesinaque ha mantenido invariables sus métodos y sus objetivos, tanto durante la dictadura como en democracia, al comienzo de la cual se produjo una amnistía de la que se beneficiaron muchos de sus militantes.

Lo ocurrido en Alsasua, donde unos radicales propinaron una cobarde paliza a dos guardias civiles y sus compañeras, demuestra que la del País Vasco es una sociedad rota a causa de la radicalización política de los independentistas vascos a la sombra de ETA. Restañar esas heridas debe ser la principal tarea del Gobierno español, recordando a los violentos que deben asumir que existen vencedores y vencidos, y que éstos últimos no pueden imponer sus condiciones ni humillar a las víctimas.

Es de agradecer, en este sentido, el sincero perdón de los obispos de Navarra, País Vasco y Bayona. Aunque llega tarde, el hecho de que la Iglesia admita “complicidades, ambigüedades y omisiones” ante ETA tiene un importante valor simbólico. Pero la Iglesia debe abstenerse de hablar de posibles soluciones penitenciarias y dejar que la política la haga el Gobierno. No puede volver a caer en los errores del pasado.

El Mundo