TITULO LUCRATIVO

Verdad judicial: hubo fraude. La verdad política era obvia; ahora se eleva a categoría jurídica. Un procedimiento irregular diseñado en el vértice jerárquico del Gobierno regional para repartir subvenciones y ayudas sociolaborales eludiendo el control administrativo.

Un modelo opaco de transferencia de fondos prolongado durante nueve años. 680 millones de euros aventados sin más documentación ni reglas que las de la voluntad discrecional de quienes los distribuían. Una trama clientelista que nació cuando la Junta de Andalucía encontró en la legislación europea un obstáculo para solventar con inyecciones directas la crisis de una empresa de Jaén llamada Cárnicas Molina.

Entonces se creó el «sistema ilegal» para burlar la fiscalización de una partida financiera creada, autorizada y mantenida desde la cúpula del poder de la autonomía.

Lo primordial de la sentencia no son las penas, durísimas y no firmes hasta que las case el Supremo, sino el relato de hechos. Y éste es taxativo: la clave del delito está en el método, en el mecanismo arbitrario, falto de transparencia y de supervisión, que tomaba cuerpo en el presupuesto.

Y ese presupuesto lo elaboraba la Consejería de Hacienda -dirigida primero por Magdalena Álvarez y por José Griñán luego- y recibía el visto bueno del Consejo de Gobierno, pese a las reiteradas advertencias de ilegalidad formuladas por un interventor que ha salido absuelto.

Esa estructura operativa no constituía sólo el instrumento sino el origen y la causa necesaria de todo el proceso fraudulento con el que los altos cargos de Empleo adjudicaban el dinero. La tesis de Alaya, la de la pirámide delictiva, se ha impuesto a la de los «cuatro golfos» que manejaban el fondo de reptiles a su criterio.

Hace año y medio, Mariano Rajoy fue desalojado de la Presidencia por dos líneas calzadas al bies en un veredicto que condenaba al PP como partícipe «a título lucrativo» de una financiación irregular en un municipio.

La trama de los ERE produjo al PSOE un manifiesto lucro político: servía para comprar paz social -y votos masivos- en comarcas donde la gestión de la Junta había fracasado en el mantenimiento del tejido productivo. Por eso esa sentencia resulta un escándalo mayor que, más allá de la nomenclatura condenada, retrata al desnudo la asimetría moral del sedicente «progresismo», impávido y farisaico beneficiario global de un gigantesco latrocinio.

Queda una pregunta incómoda que sobrevuela todo el sumario. Si el sistema estaba viciado, si las ayudas se concedieron sin concurso ni publicidad, si ninguna pasó por la intervención del gasto; si esos 680 millones, en suma, son el fruto de un dolo institucional palmario… ¿no habría en justicia que reclamar la devolución del caudal malversado? Y en ese caso, dado que se conoce la identidad de los perceptores… ¿deberían reintegrarlo ellos o los responsables del reparto?

Ignacio Camacho ( ABC )