TORRENT DEBE CUMPLIR LA LEY

El independentismo salió ayer en bloque para reiterar su apoyo al fugado Carles Puigdemont como aspirante a la presidencia de la Generalitat. Era previsible que los secesionistas pondrían empeño en dar una imagen de unidad y firmeza ante la resolución del Tribunal Constitucional para que Puigdemont no pueda ser investido sin entregarse antes a la Justicia. Sin embargo, tienen sobrados motivos para estar nerviosos, puesto que las únicas opciones que ha dejado el TC a la Mesa del Parlament es que cambie de candidato o que convenza al huido de que se entregue al juez Llarena para pedirle una autorización que le permita asistir a su investidura.

De otro modo, el presidente del Parlament y los miembros de la Mesa se enfrentarán a un delito de desobediencia. Roger Torrent y sus acólitos deberían tener en cuenta que la ley ha actuado en defensa de la democracia española y seguir el ejemplo de su predecesora en el cargo, Carme Forcadell, experta en saltarse las leyes, sería una estrategia suicida que podría llevarles a prisión, junto a otros líderes del procés.

Es cierto que el delito de desobediencia sólo está penado con la inhabilitación. Pero también lo es que, como advierten los juristas, hay una causa abierta por el delito de rebelión que pudo cometerse con la celebración del 1-O y desobedecer al Constitucional en el momento actual podría ser interpretado como una continuación del procés, lo que complicaría la defensa de Torrent ante una hipotética imputación.

Es seguro que este escenario está muy presente en la mente de los secesionistas. Así se pudo entrever ayer, cuando ERC tuvo que salir a matizar unas declaraciones de Joan Tardá en una entrevista en La Vanguardia, en la que afirmó que “si hace falta, tendremos que sacrificar a Puigdemont”. Es probable que tanto el diputado republicano, como sus compañeros de filas, sean conscientes de que el tiempo juega en su contra por la evolución de las causas judiciales a las que se enfrentan sus líderes, la cada vez menor movilización de sus bases y el mensaje que lanzaron las urnas el 21-D, cuando la fuerza más votada fue un partido constitucionalista.

Sin embargo, entretenido en su juego de burlar la ley, Puigdemont quiere mantener su pulso al Estado y mantener su candidatura. Los portavoces de Junts per Catalunya lo confirmaron ayer, aunque nadie aclaró cómo va a pedir permiso al juez para ser investido, es decir, si va a volver a España y arriesgarse a una detención segura.

No es descabellado pensar que Torrent opte por retrasar el pleno de esta semana para ganar otros 10 días. Pero los líderes independentistas deberían dejar de mirarse en el ombligo del fracasado procés y ponerse de acuerdo para buscar un candidato a la presidencia de la Generalitat que esté libre de sospecha y pueda dedicarse a gobernar Cataluña dentro de la legalidad.

El Mundo