TORRENT VUELVE A LAS ANDADAS

Pocos días le ha durado la templanza al nuevo presidente del Parlament. Roger Torrent pronunció un discurso de investidura contemporizador. No renunció a la cantinela de los presos políticos, pero soslayó las frecuentes amenazas de su antecesora y apeló en varias ocasiones a la necesidad de «volver a la normalidad». Pues bien, la primera ocasión que ha tenido de convertir sus palabras en obras se ha saldado de forma decepcionate.

La segunda autoridad de Cataluña propuso ayer a Puigdemont para presidir la Generalitat. Es una decisión profundamente equivocada que no cabe más que deplorar, máxime teniendo en cuenta que el ex presidente parece decidido a profundizar en su papel de showman del procés -o lo que quede del mismo-, en aras de una patética y ridícula internacionalización del desafío planteado por el independentismo.

Arguye Torrent que Puigdemont dispone de legitimidad y de apoyos suficientes para ser investido de nuevo. La realidad es que un prófugo de la Justicia, acusado de cinco delitos, que ha perpetrado el mayor golpe a la democracia española no puede volver a ser president. La fuga a Bruselas, tras la aplicación del 155, le ha reportado a Junts per Catalunya pingües réditos electorales, en detrimento de sus ex socios.

Pero ello no exime a su cabeza visible de la obligación de responder ante el Estado de derecho de los delitos por los que ha sido imputado. En cambio, lejos de asumir su responsabilidad, Puigdemont se fue ayer de excursión hasta Dinamarca. Bajo el subterfugio de dictar una conferencia, lo que pretendía era forzar su detención para «burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria» -en justa apreciación del juez Llarena- y garantizarse así su derecho a delegar el voto en el Pleno de investidura.

Resulta insólito que la Fiscalía anunciara sus intenciones antes del viaje del ex president a la capital danesa, pero la decisión del Supremo de no reactivar la orden de detención nos parece acertada e inteligente. No se trata de amparar la impunidad de Puigdemont, sino de proteger la causa sin caer en la celada procesal ni justificar la «jactancia» del investigado, que sabe que mientras siga huido no tiene modo legal de posibilitar su investidura.

Tretas jurídicas aparte, lo relevante es la irresponsabilidad demostrada por Torrent. La contumacia de Puigdemont en volver al Palau fuerza a Esquerra a no apartarse del relato de la «restitución de la legitimidad». Sin embargo, la batalla entre ERC y JxCat no hace sino agravar la fractura social, el deterioro económico y la inseguridad jurídica. La Generalitat no puede dirigirse desde Bruselas ni desde la cárcel, pero sí desde Madrid, aunque no sea la mejor opción. Si el independentismo no quiere seguir hundiendo a Cataluña en el bloqueo, debería zafarse de la esfinge de Puigdemont y formar un Gobierno respetuoso con la legalidad. Lo contrario conduce a alargar el 155.

El Mundo