El PSOE firmó ayer junto a los separatistas catalanes, entre otros, una escrito contra el PP exigiendo la renovación del CGPJ. Pero qué margen de maniobra tiene Pablo Casado para hacerlo una vez que Sánchez colocó de fiscal general del Estado a quien fuera su ministra de Justicia y tolera sin reconvención alguna que uno de sus vicepresidentes y un ministro ataquen al Jefe del Estado desde el Gobierno.

Todo ello con sus socios podemitas vertiendo críticas feroces a los jueces cuando les vienen mal dadas en los tribunales. Es Sánchez quien hace prácticamente imposible negociar la renovación del poder judicial, mientras mantenga, no solo vivo sino creciente, su pacto con los comunistas de Podemos y su alianza parlamentaria con proetarras y separatistas.

Resulta incompatible con el sentido común acusar al PP de «secuestrar la Constitución» y de incumplir «la obligación legal» de renovar el CGPJ cuando un día sí y otro también es el propio Gobierno el que se empeña en tensionar la Carta Magna y el espíritu del 78, como esta semana quedó claro con el veto a la presencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces a exigencia de los separatista.

Por no hablar de los llamamientos a liquidar la Monarquía constitucional, consagrada en la Constitución, que lanza Iglesias, quien acaba de repetir que la república es prioritaria. Con este panorama, ciertamente desolador, y con esas «prioridades» no es posible entablar una negociación para renovar las instituciones.

Sánchez sabe que los jueces son el último dique que nos protege de la ruptura constitucional que desde su Ejecutivo se persigue. Y de ahí esta campaña de estigmatización del PP para dibujarle como un «moroso constitucional», este esperpento de un Gobierno dando lecciones de constitucionalismo teniendo en el Consejo de Ministros a quienes se han conjurado para hacer trizas el texto del 78.

ABC

viñeta de Linda Galmor