El último informe de Sociedad Civil Catalana, uno de los pocos reductos visibles del constitucionalismo en esa autonomía, alerta contra la irreversibilidad del arraigo independentista en la sociedad, y contra su constante gota a gota de manipulación sobre la opinión pública.

De ahí, la triple fractura que se ha producido entre la ciudadanía catalana en los últimos años, una mancha que no solo ha afectado muy gravemente a la convivencia causando una profunda degradación de la vida pública, sino que se sigue extendiendo mientras alienta una realidad virtual en torno al proceso rupturista que mantiene engañados e intoxicados a los catalanes.

Según ese exhaustivo informe de Sociedad Civil Catalana, a más renta disponible, es decir, a más dinero, más independentismo. A más imposición del catalán y más marginación del español, más independentismo. Y a más ruralismo en las localidades más pequeñas y menos urbanas, más independentismo también.

La ecuación resulta inquietante porque la estrategia de sumar adeptos a la causa del separatismo por la vía de la lengua, la educación, los medios de comunicación, las subvenciones y el chantaje emocional les está dando resultado.

Van extendiendo su soporte social a base de mentiras identitarias, de agravios comparativos con el resto de España y de una victimización indecente, incluso creando en el extranjero la falsa imagen de pueblo reprimido por un Estado autoritario. Y ese es el drama. Que hay quien se sigue creyendo semejante falsedad.

Esa fue siempre la teoría de Esquerra Republicana de Cataluña, y después lo fue de la extinta CiU, y de Junts ahora: la separación de Cataluña de España nunca sería posible antes de disponer de un 70 por ciento de catalanes favorables a la independencia.

Esa cifra aún está lejos de ser una realidad, pero la atmósfera opresiva que el separatismo ha creado en Cataluña en busca de ese objetivo lo convierte todo en irrespirable. Y hacia ese fin continúan, por desmotivadas que estén ahora mismo las bases del independentismo gracias a la fractura interna entre partidos que son socios de gobierno, y dada la acción de la Justicia tras el intento golpista del 1-O.

Es probable que no haya en algunos años más intentos desesperados y unilaterales de declarar la soberanía de Cataluña. Pero no son años ganados por un constitucionalismo en franco declive, del que además ha dejado de participar el socialismo catalán, siempre presto a ayudar a ERC en lo que necesite si el partido de Carles Puigdemont rompe la baraja en la Generalitat.

Son años que se están perdiendo porque continuamente, y de modo implacable, se utilizan recursos públicos y privados para que el secesionismo extienda de manera irreversible su red de delatores lingüísticos, de perseguidores políticos, y de extorsionadores económicos.

No hay ninguna otra cosa tras la ‘mesa de diálogo’ que Pedro Sánchez se ha empeñado en mantener para ganar tiempo a su legislatura, no sufrir derrotas en el Congreso, y simular que apacigua a una Generalitat que no se va a dejar domar.

Por eso es necesario atender, y preocuparse, por los datos estadísticos del estudio de Sociedad Civil Catalana. No solo reflejan un estado real de las cosas en Cataluña, sino la impotencia de todos los catalanes que se sienten constitucionalistas frente a la obsesión de los partidos rupturistas.

Más aún, esos mismos constitucionalistas son los que perciben cómo los años del ‘procés’ han sido un auténtico acelerador de estas tendencias tan divisoras, y son testigos diarios de hasta qué punto se están radicalizando las posiciones separatistas, hasta convertir a antiguos simpatizantes de un nacionalismo catalanista moderado en auténticos fanáticos de la crispación y el odio.

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