El coronel no tiene quien le escriba y Donald Trump no tiene a quien escribir. A estos dos personajes les separan años luz  pero les acerca la tristeza de sentirse abandonados hasta por sus enemigos, que han decidido ignorarles  y convertirlos en trapenses, mediante un voto de silencio obligado.

El Presidente de los Estados Unidos hasta hace unos días disfrutaba con Twitter,  una salsa golosa hecha a su medida porque , según afirmó Phillip Roth, que le había entrevistado para el New Yorker, tiene un vocabulario de 77 palabras y cada vez que utiliza 140 caracteres le siguieran 52 millones de ciudadanos.

Sé que lo que toca ahora es «darle leña al mono hasta que aprenda a hablar euskera», pero como he criticado en varias ocasiones el comportamiento de Donald Trump, no voy a repetir mis argumentos porque para hacer ese trabajo ya están los expertos en política norteamericana que han surgido debajo de la nieve de estos días.

Mi columna de hoy protesta contra las casas tecnológicas e ideológicas de los nuevos árbitros  que han suplantado al poder  legislativo y a las instancias judiciales para dictaminar qué es verdad, qué es mentira  y a quién hay que condenar al silencio en democracia.

De la misma forma que en Mayo del 68 la población francesa acuñó como eslogan sagrado la frase “Prohibido prohibir”, hoy para  muchos de nosotros, la libertad de expresión sigue siendo un derecho que no debe estar limitado, salvo en casos muy excepcionales, y solo por las leyes.

En España, según han dictaminado los tribunales de justicia,  cagarse en Dios o en el Rey,  profanar un  lugar de culto, desear la muerte de alguien, o insultar gravemente a una persona (salvo que se sea ministro del gobierno, que es una especie protegida que algún día se extinguirá por inacción), es libertad de expresión.

Estoy dispuesto a aceptar  la palabra pulpo  como animal de compañía, pero a cambio espero que me reconozcan que ese derecho no se puede ejercer a la carta y de forma selectiva, según convenga al perjudicado, en el caso de que sea poderoso.

Donald Trump, como cualquier otro líder o gobernante, está sometido a las leyes y la interpretación  que hagan de ellas los Tribunales de Justicia que rigen en cada país, pero el guardián de los derechos y las sanciones a los ciudadanos,  jamás debería ser una empresa privada, como Twitter o Facebook.

La democracia se defiende con las leyes emanadas de un parlamento y no se puede ceder la gestión de nuestros derechos a empresas que actúan  con criterios no contrastados ni avalados por la legislación de los países  cuyos ciudadanos se ven afectados.

Cada día gobiernos, instituciones, grupos de presión, empresas privadas y psicópatas con mucho poder piratean espacios de libertad sobre los que no tienen ninguna jurisdicción. Solo los tribunales de justicia garantizan nuestras libertades y aunque conocemos a algún ex juez prevaricador, la última garantía que tenemos los ciudadanos, incluso contra los políticos, es el poder judicialLa prueba más palmaria son los intentos que en España se hace por controlarlo o amansarlo.

Diego Armario