Imaginemos la que se habría organizado en España si ayer se hubiese detenido a Pedro González-Trevijano -por poner un nombre- acusado de violencia de género. González-Trevijano es magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy. Sería el acabose.

Pero no, el que fue detenido ayer con exactamente esa acusación fue Fernando Valdés, magistrado del Constitucional afín al PSOE, elegido en el Congreso de los Diputados en 2012. Yo soy muy escéptico respecto a la aplicación de esa ley de violencia de género porque conozco más de un caso en que mujeres la han invocado contra sus maridos o parejas sin justificación.

Pero si la ley es igual para todos, lo que procede es que se denuncie a Valdés exactamente igual que se clamaría pidiendo la dimisión del Constitucional de un magistrado de origen conservador que se encontrara en estas circunstancias. Sospecho que no ocurrirá.

Supongamos que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, el think tank presidido por José María Aznar, hubiese sido señalada por el Tribunal de Cuentas por emplear una subvención pública del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para pagar los gastos de las indemnizaciones por el despido de tres trabajadores en 2016.

Las tertulias al rojo vivo estarían incandescentes con el abuso que hace la fundación reaccionaria (quizá incluso la llamarían fascista) del dinero público para pagar despidos por más procedentes que pudieran ser.

El lunes tuvimos conocimiento de que el Tribunal de Cuentas establece en su último informe que la Fundación por la Europa de los Ciudadanos, vinculada a IU y de la que es patrono el ministro de Consumo y coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, hizo exactamente eso en el despido de tres empleados, lo que el Tribunal de Cuentas denuncia que es un concepto no subvencionable «al no tratarse de un gasto necesario para el funcionamiento de la fundación». Huelga decir que esa apreciación del Tribunal de Cuentas ha resultado de un interés menor para los medios de comunicación que pueden ustedes imaginarse.

¿Recuerdan ustedes cómo llegó Pedro Sánchez al poder? El 24 de mayo de 2018 se conoció la sentencia de la Audiencia Nacional en la que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo del caso Gürtel de corrupción.

Las apreciaciones del magistrado ponente de la sentencia, José Ricardo de Prada, de conocida filiación «progresista», fueron más tarde anuladas por el Tribunal Supremo, pero una mentira nunca es desaprovechada por la izquierda y Sánchez conquistó la Moncloa el 1 de junio siguiente, una semana después.

Ayer conocimos que un juzgado de instrucción de Madrid ha procesado a Podemos por delitos de malversación y administración desleal atribuidos al tesorero, al gerente y al secretario de comunicación. Todo ello a partir de las denuncia de un buen conocedor de las interioridades de Podemos, el ex abogado de la formación José Manuel Calvente. A las 17,15 horas de ayer ésta no era una de las cinco primeras noticias de la portada digital del antiguo diario independiente de la mañana, hoy periódico global porque así debe ser más fácil de no enterarte de lo que ocurre a tu puerta.

Sí, yo sé que el caso Gürtel afectaba al partido del presidente del Gobierno -aunque ni a él ni a ninguno de sus ministros directamente.

Este nuevo caso y otros varios que están en marcha como el de la célebre tarjeta telefónica, afectan directamente al vicepresidente segundo del Gobierno, pero los que se rasgaban las vestiduras con la Gürtel deben estar hoy de vacaciones. Agosto…

Ramón Pérez-Maura ( ABC )

imagen de Fernando Valdés