Las elecciones autonómicas catalanas llevan camino de convertirse en un carnaval político y en un desprecio a los ciudadanos convocados a votar. La Generalitat impuso ayer un decreto amparado en la alarma sanitaria para retrasar los comicios hasta el 30 de mayo. Por un lado, el independentismo despachó, sin siquiera valorarla, la propuesta hecha por el PSC para que como máximo se celebraran en marzo y mantener así lo que el PSOE denomina el «efecto Salvador Illa».

Y por otro, ERC impuso su propia agenda, que no es otra que la de retrasar las urnas lo más posible bajo el teórico planteamiento de que así se verá beneficiado. En ambos casos se trata de un cambalache indigno que toma a los catalanes como rehenes, y salvo una tragedia incontrolable y sobrevenida del virus, deberían celebrarse el 14 de febrero.

Conviene hacer hincapié en lo contradictorio de los dos planteamientos. Es lógico que los socialistas catalanes se opongan al retraso porque las previsiones y expectativas generadas por Pedro Sánchez con su «candidato sorpresa» van a saltar hechas añicos.

El ninguneo del independentismo a Sánchez es evidente, porque a priori cualquier aplazamiento no solo no favorece a Illa, sino que además deja en el aire la crisis de Gobierno anunciada por el presidente. En cualquier caso, el PSOE se ha retratado quedando en un pésimo lugar.

Si como dijo anteayer Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, mantener las urnas el 14 de febrero era una cuestión de legalidad inaplazable y retrasar las elecciones era «suspender la democracia», no tiene sentido alguno que Illa aceptase a última hora retrasarlas hasta marzo.

La excusa es casi cómica, porque ahora resulta que es el PSOE quien también estaba dispuesto a «suspender la democracia». Pero solo un poco, hasta marzo, de modo que si se retrasasen hasta Semana Santa no sería una agresión antidemocrática a la legalidad, y si se celebran en mayo, sí lo es. En este contexto de bilocación mental oportunista, el PSC tendrá que decidir ahora si impugna o no la decisión de la Generalitat.

Respecto a ERC, su planteamiento es idénticamente contradictorio. Pero en su caso, con más desfachatez aún porque la lucha contra la pandemia sí permite a la Generalitat autorizar a los catalanes a acudir a lugares de ocio, a centros comerciales o a establecimientos de hostelería… pero no a los colegios electorales a votar puntualmente, algo que también puede hacerse por correo. Los dos argumentos parten de un cinismo previo que solo oculta condicionantes de conveniencia táctica. Nada más. Y todo ello, jugando de modo engañoso con los votantes.

La decisión aboca además a un serio conflicto jurídico. Si el PSC y Vox presentan recursos contra esta resolución tan arbitraria de la Generalitat, el embrollo puede ser monumental. La Junta Electoral tendría que pronunciarse al respecto, y es de suponer que el galimatías generado tendría que ser resuelto posteriormente, en cascada, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o probablemente en última instancia por el Tribunal Supremo.

Todo promete ser caótico, más aún cuando la Fiscalía se oponga de modo firme -y así lo hará en el momento procesal oportuno- a la excarcelación de los condenados por sedición, o cuando el Gobierno reciba los informes de magistrados y fiscales contra la concesión de indultos.

Ocurra lo que ocurra, se celebren en febrero, en marzo o en mayo, estas elecciones están viciadas de origen porque prima el egoísmo de cada partido, y no la tasa de contagio, ni la necesidad de que los catalanes dispongan de un presidente que no se rebele contra el Estado.

Solo importa mantener activo este circo.

ABC

viñeta de Linda Galmor