UN CASTIGO AL AHORRO

EL GOBIERNO encargó en 2018 a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un informe para analizar la eficiencia de las bonificaciones fiscales en los planes de pensiones. El veredicto negativo de este órgano augura un golpe del Gobierno a un instrumento que fomenta el ahorro privado.

La AIReF pide que la desgravación no continúe en los actuales términos, con un coste anual para las arcas públicas de hasta 1.650 millones. La autoridad fiscal pide la «reformulación completa» de la actual bonificación, lo que pasa por reducir la base imponible en el IRPF de hasta 8.000 euros anuales para el que haga aportaciones a su plan individual de pensiones.

Cabe recordar, en todo caso, la ventaja fiscal de estos planes se limita a una demora del pago del impuesto sobre la renta desde el año en que se realizan las aportaciones al momento en que se percibe la renta privada de jubilación.

Las bonificaciones fiscales de los planes de pensiones constituyen una de las desgravaciones más veteranas de la declaración de la renta. Ahora se ven amenazadas por la coalición PSOE y Podemos, pese a que no tiene un alto coste recaudatorio ni generan un impacto distributivo negativo.

En realidad, estos planes se han revelado un instrumento de ahorro de la clase trabajadora. Es preocupante que un Gobierno incapaz de frenar el agujero de la Seguridad Social y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pretenda eliminar un activo injustamente denostado.

Máxime si se hace desde la hipocresía de dirigentes de la izquierda que no tienen rubor en contratar planes privados mientras hacen bandera política contra los mismos.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor