UN CHANTAJE QUE NO PUEDE ALARGARSE MÁS

El Gobierno salvó ayer la votación para la extensión del estado de alarma gracias a la generosidad y la altura de Estado de la oposición constitucionalista.

Aunque Pablo Casado se mostró contundente en sus críticas hacia la negligente gestión que el Ejecutivo ha hecho de la pandemia, su abstención final y el sí de Cs permitieron autorizar una nueva prórroga.

Sánchez se había garantizado apoyos suficientes gracias a los acuerdos in extremis con Cs y el PNV: las concesiones pactadas con ellos suponen el reconocimiento de que sí era posible modificar las condiciones de la desescalada.

El PP criticó el decreto pero no se opuso después de que los barones regionales se inclinaran por esta opción. Lo que no puede pretender Sánchez es mantener sine die unos poderes especiales que limitan de forma flagrante los derechos de libre circulación y de reunión.

Y mucho menos hacerlo mediante un chantaje inaceptable, al vincular la cuarta prórroga de la alarma al mantenimiento de las medidas económicas -incluidos los ERTE- para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.

Sánchez volvió a insistir en el pleno del Congreso que no hay plan B a las previsiones constitucionales que amparan el mando único del Gobierno. Sin embargo, tanto la oposición como algunos socios de investidura señalaron las alternativas que contempla la legislación ordinaria.

La Ley de Seguridad Nacional y la normativa de salud pública -tanto la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública como la Ley General de Salud Pública- permitirían ejecutar la desescalada sin recurrir a la excepcionalidad de un mando único que se ha revelado un fracaso, pero bajo la supervisión del Gobierno.

Sería una irresponsabilidad mayúscula -además de un abuso: los españoles no tienen por qué pagar con su libertad las chapuzas de Moncloa- alargar el estado de alarma otras seis semanas, como amenazó Sánchez: un delirio, viendo su creciente aislamiento.

 La recuperación de la normalidad debe pasar también por un regreso paulatino y ordenado a la gestión ordinaria. Sánchez no puede seguir confundiendo la lealtad con el vasallaje.

No se puede ningunear a las autonomías y luego pedir cooperación institucional. No se puede despreciar a la oposición, hasta el punto de no informar al presidente del PP y luego exigirle que saque al Gobierno del atolladero en el que lo mete el abandono -caso de ERC- de sus aliados.

La sesión de ayer escenificó la necesidad de buscar acuerdos en una coyuntura en la que, a la emergencia sanitaria, se suma la económica y social. Al presidente corresponde acabar con la despótica disyuntiva entre él o el caos e impulsar una desescalada que no conculque libertades fundamentales de los españoles.

El Mundo