La fiscalía delegada europea, impulsada por un Reglamento de 2017 aprobado por el Consejo Europeo, pretende ahora quedarse con la investigación abierta en Anticorrupción sobre el contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive S.L. para el suministro de mascarillas.

La iniciativa es una intromisión oportunista en el trabajo del fiscal Alejandro Luzón y solo pretende enturbiar un caso que no parece dar más de sí. De hecho, Luzón se ha manifestado en contra de ceder la competencia a la fiscalía europea, lo que obligará a Dolores Delgado a dirimir el conflicto, oyendo previamente a la Junta de Fiscales de Sala.

La excusa es que los fondos con los que se pagaron las mascarillas -no la retribución del hermano de Díaz Ayuso- pudieran ser europeos.

A partir de esta presunción infundada, construye una hipótesis de perjuicio a los intereses económicos de la UE, único ámbito en el que pueden actuar. Esta salida a la palestra parece una táctica para coger protagonismo, a falta de trabajo.

Mal ha administrado tiempos y fuerzas la fiscal Concepción Sabadell, responsable de la fiscalía europea, porque su intromisión se ha topado con un informe favorable de la Cámara de Cuentas al contrato de marras.

Y también con un fiscal correoso y experimentado como Luzón, que sabe que la fiscalía europea busca hacerse un hueco a costa de la que él dirige.

ABC