UN DESVARÍO MÁS DE LOS INEPTOS QUE GOBIERNAN LA EDUCACIÓN DE ESPAÑA

El PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN en realidad es un proyecto de derogación de la LOMCE. Y supone un nuevo episodio de división política que se muestra como un valladar que imposibilita cualquier Pacto de Estado en una materia tan sensible como es la Educación. Si la democracia es la incapacidad para dar respuesta a los problemas sistémicos que afectan al potenciamiento del elemento clave para el desarrollo personal de los ciudadanos y el progreso de la Nación, mal vamos.

Lejos de resolver los elementos fundamentales que han sido factor de fracaso desde la promulgación de la LOGSE, y su corrección, con esta ley de modificación y derogación de la LOMCE, se perpetúan y enquistan. Y, en definitiva, se cronifican. Ninguno de los elementos que caracterizan al cuadro endémico de regresión cultural y de desestructuración educativa en España son resueltos con este proyecto legislativo. Simplemente se les da carta de naturaleza y se perpetúan.

Ni España consigue mayor índice de cohesión en su sistema educativo, ni se consigue la unidad de sistema, dando más armas aún a las regiones con síndrome nacionalista para que continúen con su plan de secesión. Y, además, no se logra con esta ley que la Alta Inspección cumpla su función y logre articular instrumentos administrativos para hacer cumplir la ley.

Nada nos dice que a partir de esta ley se pueda hacer cumplir la legalidad por aquellos que la están vulnerando y atacando, en actitud claramente rebelde al Estado de Derecho. El cuadro de anomia educativa crónica se consagrará a partir de esta Ley.

Aquellos factores de fracaso no se corrigen, simplemente se cronifican. No existe ningún criterio de exigencia de esfuerzo y de evaluación de rendimientos, de premio al trabajo que supone el aprendizaje y el estudio. No se configura un marco de autoridad en el profesorado para el ejercicio eficaz y efectivo de su actividad en las aulas. Simplemente se premia a los alumnos disrruptivos por el incumplimiento de sus obligaciones como estudiantes.

Resulta un sarcasmo que la Ley, que se encuentra en fase de proyecto, insista tanto en los derechos del niño, y en especial la preservación del superior interés que debe ser objeto de protección, cuando no se castiga el adoctrinamiento y no se ponen límites a la extensión vírica de la inmersión lingüística, dejando a la intemperie a miles de alumnos que tienen graves dificultades para el aprendizaje en una lengua ajena a la suya materna.

Y, además, no se introducen criterios de corrección al fracaso escolar inducido por la aplicación de la inmersión lingüística con carácter universal en aquellas comunidades autónomas que siguen procesos de desvinculación orientados hacia realidades de fragmentación de España como unidad supuestamente preservada por el mandato constitucional. El interés superior del niño no será bajo el paraguas de esta Ley.

La supresión de aquellos elementos introducidos por la Ley Wert, en suspenso por quienes han sucedido al ministro que dio su nombre a la LOMCE, como son las revalidas, dejan al albur de la arbitrariedad y la falta de unidad del sistema educativo, y también provoca el despedazamiento de lo poco que queda de Sistema Educativo nacional, ya en fase de descomposición absoluta, y deja las manos libres a quienes utilizan sus atribuciones autonómicas para llevarnos a la total disolución de lo que llamamos Estado. Todos sabemos el papel esencial que tiene el Sistema Educativo Nacional para articular y vertebrar la unidad del Estado.

Todos sabemos, también, la importancia que tiene la lengua española para vertebrar y preservar los vínculos entre los españoles y su capacidad para asegurar la igualdad jurídica y la vertebración social. Nada sabemos sobre cómo la Administración Educativa General del Estado va a asegurar esa igualdad, la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, que, por cierto, es un derecho humano y el cumplimiento de lo contenido en el artículo tercero de la Constitución española que establece la obligación de conocer y el derecho a usar la lengua común de todos los españoles.

Más bien nos tememos que con esta ley se van a profundizar las diferencias y la separación entre españoles, y encorsetar el derecho a la libertad de movimientos, la unidad de mercado, dándose más auge a los reinos de Taifas que ya existen, caminando hacia el final del recorrido que es una confederación de los pueblos ibéricos que es el destino al que nos aboca la ley.

Esta ley es una herramienta muy útil para el adoctrinamiento político, con la ideología de género, la formación cívica sesgada y partidista, y el sometimiento a los centros concertados para embridarlos y evitar que tengan su propia idiosincrasia e ideario pedagógico.

Nada hay en esta ley que suponga novedad sobre las leyes educativas socialdemócratas previas. Nada indica que el sistema educativo vaya a ser para educar, para desarrollar integralmente al alumno, sin etiquetas ideológicas. Aquel ideal de escuela plural ha quedado en el baúl de los recuerdos.

El simple hecho de que el currículo establecido tenga una proporción en la que el 55 por ciento de los horarios escolares sean fijados por las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65 por ciento para aquellas que no la tengan, ya es un indicador claro de por dónde van las directrices y orientaciones desvertebradoras de esta ley.

El bachillerato sigue con dos cursos, lo cual es un bachillerato enano, sin suficiente contenido formativo, escaso para poder acceder con solvencia a la Universidad, y creador de una supina ignorancia cultural, antropológica y científica.

El simple hecho de que… “En el marco de sus respectivas competencias, corresponda a las Administraciones educativas desarrollar y controlar las evaluaciones de diagnóstico en las que participen los centros de ellas dependientes y proporcionar los modelos y apoyos pertinentes a fin de que todos los centros puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones, que tendrán carácter formativo e interno.” deja al descubierto una debilidad estructural, pues todo el mundo sabe que algunas comunidades autonómicas maquillan resultados y falsean la realidad. Sin una colación de grado esa evaluación no sirve para nada, pues no es científica.

Ese mismo fenómeno de subjetivización de la evaluación diagnóstica propicia que el acceso a los estudios universitarios esté caracterizado por la desigualdad de oportunidades y la diferenciación de criterios de selección y acceso. La calificación para el acceso a estudios universitarios del alumnado no tiene elementos objetivables.

Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”. Esto dice la ley. Y la pregunta lógica que se deriva de un texto que simplemente es una declaración de principios sin ninguna garantía de su cumplimiento, es cómo van a garantizarlo si no hay mecanismos para imponer la seguridad jurídica.

Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.” Esto afirma la ley. Pero la pregunta que se deriva del impreciso texto que antecede es cómo se va a asegurar que ese logro de dominio pleno de la lengua castellana sea efectivo, evaluado y controlado. No hay ninguna garantía para su cumplimiento.

En definitiva, es una ley continuista, que ahonda aún más las deficiencias y errores de las anteriores, que elimina aquellos escasos y tímidos elementos correctores que tiene la LOMCE, y que nada aporta de positivo, pues impide el Pacto Constitucional, potencia a los nacionalismos que adoctrinan en las escuelas, y rompe los vínculos que vertebran a nuestra Nación, aún más de lo que ya están.

Debemos luchas para tener una Educación con verdadera calidad, unitaria en todo el Estado, vertebradora, igualadora de oportunidades, que respete el marco jurídico general, que sea constitucional en sus propósitos, y que garantice los derechos humanos, y en especial los del niño. Con palabras bonitas, vacías de significado, no lograremos nada.

Ernesto Ladrón de Guevara López de Albina ( El Correo de Madrid )

viñeta de Linda Galmor