UN FALLO UNÁNIME, QUE NO CONTENTA A NADIE

El fallo dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ha sido recibido, precisamente, con la unanimidad de criterio que buscaban los magistrados.

Todo lo contrario, y descontando la prevista reacción de los nacionalistas catalanes, ha causado cierta perplejidad en amplios sectores del propio ámbito judicial y, por supuesto, entre una parte de la opinión pública incapaz de discernir conceptos tan abstractos como la funcionalidad de la violencia cuando la misma sentencia considera acreditado que esta se produjo y se desarrolló en numerosos episodios.

Si nunca deberían entrar en la negociación política cuestiones tan graves como la privación de libertad de cualquier persona, en este caso, con unos partidos nacionalistas empeñados en mantener la estrategia de la tensión y del enfrentamiento institucional, cualquier cesión significaría una derrota del Estado de derecho.

Porque cuando desde diversos sectores sociales se afirma que la sentencia del Tribunal Supremo supone un cambio de ciclo político en Cataluña y en el resto de España, parece olvidarse que la realidad en el Principado es la de unas instituciones, la Generalitat y el Parlamento, en manos de quienes mantienen su discurso de desafío a la Constitución, por más que, como se demostró con las movilizaciones de protesta de ayer, alentadas por el mismo presidente del Gobierno autónomo, Joaquim Torra, pero apenas seguidas por unos millares de ciudadanos, una gran mayoría de los catalanes desee la normalización de su vida cotidiana y que sus gobernantes trabajen por el bienestar de todos.

La Razón