El carácter liberticida y corrupto que anima todas y cada una de las actuaciones del Gobierno socialcomunista se ha vuelto a poner de manifiesto de forma absolutamente reveladora en este mes de julio en el que -a pesar de la verborrea anticientífica, irracional y perniciosa de todos aquellos que forman parte del movimiento negacionista- la quinta ola pandémica avanza de forma desbocada ante la lamentable inacción del psicópata monclovita.

Así hemos sido testigos de cómo, tras el recurso presentado por Vox, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez, por entender que en virtud de su aplicación se vulneraban derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, proporcionando de esta forma un nuevo varapalo al Gobierno socialcomunista.

Echando la vista atrás para tener una perspectiva de conjunto es necesario recordar que cuando ya los expertos en salud de la OMS y de la Unión Europea habían alertado al mundo de la existencia de una pandemia, el Gobierno socialcomunista se negó a tomar medidas por considerar altamente improbable la transmisión comunitaria del virus, permitiendo la celebración de las manifestaciones feminazis para así continuar con su agenda ideológica, ocasionando con ello la propagación de la epidemia y su correspondiente corolario de enfermedad y muerte.

No satisfechos con tamaño despropósito, cuando se decidieron a tomar algún tipo de medidas para frenar la pandemia tan solo se les ocurrió someter a los españoles a un amplio abanico de restricciones, algunas de ellas ilegales por no respetar la ley e ineficaces por no atender a criterios epidemiológicos.

A su vez, inmersos en un discurso a todas luces erróneo, se empeñaron en negar la importancia de las mascarillas para impedir los contagios, debido a que, con la negligencia que les caracteriza, carecían de ellas por negociar su compra tardíamente y además con empresas chinas fantasmas sin posibilidad de proporcionarlas en cantidad suficiente.

Así -a pesar de que los sanitarios lucharon contra la enfermedad a brazo partido por coherencia deontológica y a pecho descubierto por carecer de equipos de protección individual- al término de la primera ola de la covid-19 España estaba situada a la cabeza del mundo en lo que a tasas de morbimortalidad se refiere.

Por otra parte, en una nueva muestra de su carácter totalitario y sectario, el Gobierno socialcomunista ha sido incapaz de apoyar la ola de protestas que desde el 11 de julio viene produciéndose en Cuba bajo el lema “Abajo el comunismo, abajo la dictadura”, debido a la situación de opresión y miseria generalizada en la que se hayan instalados la inmensa mayoría de los cubanos desde la llegada al poder de Fidel Castro.

El Gobierno cubano ha respondido, como cabía esperar de una dictadura comunista, mediante la represión y son ya centenares los ciudadanos detenidos, heridos y desaparecidos. A pesar de ello ningún mandatario del Gobierno español ha condenado la dictadura cubana ni su violenta actuación contra los manifestantes.

De hecho, los más altos dirigentes de Podemos no solo no han criticado la represión llevada a cabo por el Gobierno de Díaz-Canel, sino que, mostrando su desprecio por la libertad, han exaltado la figura del Fidel Castro, llegando al extremo de negar que Cuba sea una dictadura.

Por su parte Pedro Sánchez, demostrando con sus palabras un sometimiento a sus socios comunistas que solo puede proceder de su patológica necesidad de poder, también se ha negado a catalogar como dictatorial al régimen cubano, limitándose a declarar, en el colmo del cinismo, que es necesario dejar que los cubanos decidan por sí mismos el camino a seguir “sin injerencias” de ningún tipo, negando con ello la mayor, es decir, que es el propio Gobierno comunista el que impide al pueblo cubano caminar por la senda de la libertad y la prosperidad.

Junto al autoritarismo, la corrupción también viene constituyendo una de las señas de identidad que caracteriza la acción de gobierno de la coalición socialcomunista. Así el Gobierno de P. Sánchez, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), concedió la friolera de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, ligada a una serie de empresarios venezolanos muy próximos a la narcodictadura bolivariana.

Para justificar tan suculenta ayuda el Gobierno esgrimió el argumento de que tal aerolínea era para España una empresa de interés estratégico. El razonamiento resulta absolutamente peregrino si tenemos en cuenta que dicha empresa tan solo cuenta con 3 aeronaves y una cuota de mercado que no llega al 0,1%. De hecho, incluso antes de la pandemia, debido a su falta de beneficios, la compañía ya era absolutamente inviable, hasta el punto de que los bancos se negaron a concederle crédito alguno.

La manifiesta irregularidad de la ayuda ha llevado a que la jueza que investiga el caso haya ordenado suspender la entrega de los 34 millones de euros pendientes de pago a la compañía aérea. En su informe la magistrada señala que las razones expuestas por el Gobierno para proceder al rescate de la aerolínea carecen de toda credibilidad, por lo que estima que la ayuda es absolutamente injustificada.

En definitiva, el rescate tiene toda la pinta de constituir un nuevo caso de prevaricación y malversación de fondos públicos por parte del Ejecutivo socialcomunista, lo cual nos permite pensar que los dineros procedentes de unos impuestos que resultan en gran medida confiscatorios no se utilizan en su totalidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino que buena parte de ellos acaban yendo a parar al bolsillo de unos gobernantes cuya falta de escrúpulos resulta ya proverbial.

La crónica negra de este mes de julio culmina con el mayor ataque a la libertad individual llevado a cabo desde los inicios de la democracia.

Así, la aprobación de la Ley de Memoria Democrática (LMD) supone una de la mayores odas jurídicas al pensamiento totalitario, ya que pretende imponer una verdad oficial de la Historia de España asentada en el falseamiento de los hechos que se produjeron a partir de 1936, cuando el Frente Popular en el poder llevó a cabo una política de carácter abiertamente totalitario, tendencioso y criminal, que acabó propiciando un alzamiento militar comandado por el General Franco y seguido con entusiasmo por millones de españoles hartos de padecer las atrocidades cometidas por un Gobierno de carácter socialcomunista y subsidiario de las autoridades soviéticas.

Así, como señala Stanley Payne, en su obra La revolución española, “la idea de que los sublevados se levantaron contra un régimen perfectamente democrático es una mistificación persistente”.

Resulta evidente que con la aprobación de la LMD el Gobierno socialcomunista pretende de manera espuria imponer una versión sectaria, maniquea y distorsionada de la historia, adentrándose de esta forma en un ámbito ajeno al derecho que acaba por subvertir el propio sentido constituyente de todo ordenamiento jurídico del Estado.

En consonancia con esta forma de perversión legislativa, la LMD constituye una atentado contra la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de investigación y la libertad de cátedra. Tanto es así, que el propio Consejo General del Poder Judicial ha resuelto que la LMD vulnera la libertad ideológica consagrada en la Constitución, evidenciándose con ello su manifiesta ilegalidad.

De hecho, como señala Pío Moa, la LMD es “una ley de tipo soviético que amordaza la verdad”, pero, más allá de todo ello, es sobre todo un intento de establecer por la vía de la coerción el pensamiento único en el seno de la sociedad, implantando así una suerte de tiranía intelectual, con claras reminiscencias orwellianas, cuyo objetivo es acabar con todo tipo de disidencia ideológica.

La Historia es una ciencia social cuyo desarrollo se basa en la investigación de los hechos y procesos acontecidos en el pasado a partir de fuentes cuya veracidad es necesario contrastar. El problema al que se enfrenta la izquierda política es que su interpretación de los hechos históricos generalmente adolece de falta de validez y credibilidad, con lo cual, para hacer hegemónico su relato, no tiene más remedio que intentar amoldar la realidad a sus fantasías teóricas y a sus intereses prácticos.

Por ello, cuando no consigue imponer su insostenible narrativa por medio del adoctrinamiento y la propaganda, recurre entonces a la vía punitiva y es en este punto donde encontramos una primera causa que explica la necesidad de promulgar una ley sin fundamento jurídico, como es la LMD.

Una segunda causa que también se halla en el origen de la necesidad de establecer un relato falseado por la vía jurídica es que -dado que sus políticas suponen un permanente fracaso, ya que solo consiguen hacer crecer la miseria- necesitan recrear un enemigo que les permita desplazar el foco de atención, aglutinar a los resentidos sociales y a los indigentes intelectuales y ocultar su manifiesta incompetencia.

Decía Albert Camus que “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia con la libertad fracasa en todo”. Desde esta perspectiva solo cabe concluir que P. Sánchez, además de liberticida, corrupto, amoral y narcisista, es la viva imagen del perfecto fracasado.

Rafael García Alonso ( El Correo de España )