Pedro Sánchez ocupa legalmente su despacho de La Moncloa, sí. Lo mismo que millares de okupas dispersos por todo el país, que habitan viviendas ajenas sin tener derecho a ello al amparo de una ley injusta cuyo único propósito es proteger ese desafuero.

Tal como esos okupas fuerzan la entrada y luego cambian la llave, Sánchez llegó hasta su poltrona presidencial por la vía lateral de una moción de censura acordada con separatistas declaradamente antiespañoles, comunistas enemigos de la Constitución y herederos de ETA, destinada, se nos dijo, a desterrar la corrupción del Gobierno de España. Ahora cobija en su gabinete al líder de un partido imputado por varios delitos relacionados con esa lacra, a quien ha encumbrado hasta la

 Vicepresidencia pese a que durante meses nos juró que le quitaba el sueño. Ahora impide con los votos socialistas que el Congreso investigue las cuentas de Podemos, en línea con su socio, Pablo Iglesias, quien se niega a dar la cara en sede parlamentaria pese a que la Justicia ve indicios claros de irregularidades en el manejo de sus fondos. O sea, de corrupción, con todas las letras.

Una vez alcanzado el poder, los medios para mantenerse en él carecen ya de importancia. La cerradura ha sido cambiada y los okupas políticos se atrincheran en él, con el mismo descaro chulesco que exhiben muchos de esos parásitos cuando los legítimos propietarios de las casas okupadas les conminan a marcharse.

En el caso del que hablamos, la propietaria del local es la ciudadanía, engañada con mentiras sin cuento en las elecciones que siguieron a esa patada en la puerta. Mentiras no solo impunes, sino enormemente rentables, toda vez que nuestra democracia está indefensa ante ellas.

Ni la ley castiga al mentiroso que promete en vano, sabiendo que no cumplirá, ni existen mecanismos automáticos de defenestración del embustero. Solo cabe esperar cuatro años hasta las siguientes elecciones o bien recurrir a la mencionada censura, sabiendo, empero, que con la actual configuración de nuestro Parlamento ésta implica aceptar la compañía de indeseables o bien asumir de saque que la iniciativa acabará en fracaso.

O sea, que el fulero estará largo tiempo calentito y bajo techo, al igual que los okupas, mientras los auténticos dueños del edificio democrático quedan a la intemperie, pagando de su bolsillo los gastos de comunidad y el estropicio resultante.

Y es que si el uso y disfrute del poder entraña privilegios tales como la utilización del Falcon o la residencia oficial de Doñana, también supone obligaciones que nuestro distinguido okupa no está dispuesto a cumplir. La primera de ellas es gobernar. Dirigir. Asumir las responsabilidades inherentes a su cargo.

Algo que Sánchez rechaza con creciente desvergüenza. No contento con marcharse de vacaciones en pleno rebrote del Covid y permanecer ausente mientras la pandemia se cebaba con nosotros, ahora se lava las manos y descarga en las autonomías la tarea de hacerle frente, cada cual según su entender.

El Estado ya no se encarna en él, como cuando ignorando la muerte de más de cuarenta mil compatriotas se hizo aplaudir por su corte de aduladores a sueldo después de proclamar solemne que «habíamos derrotado al virus» y «salíamos más fuertes». El Estado ahora son las comunidades autónomas, en quienes delega la misión de tomar decisiones impopulares.

Ellas son el burladero tras el cual oculta su impotencia, su cobardía, su inepcia y su inutilidad. Nosotros, los ciudadanos, hacemos el papel de rehenes, «paganos» de esta siniestra comedia.

Isabel San Sebastián ( ABC )

viñeta de Linda Galmor