La Comunidad de Castilla y León tendrá el primer gobierno de coalición formado por el Partido Popular y por Vox. La formación liderada por Abascal ha conseguido lo que se propuso en cuanto los resultados de las elecciones autonómicas pusieron la llave de la legislatura en sus manos.

El PP les cede la presidencia del Parlamento regional y la vicepresidencia y tres consejerías del gobierno autonómico. Con este pacto, Vox asume por vez primera responsabilidades directas de gobierno en el ámbito autonómico, lo que implica poner a prueba ciertos aspectos controvertidos de su ideario político, empezando por su oposición al modelo autonómico de organización del Estado, en cuya gestión entran ahora de lleno. Por otro lado, tendrá que acreditar su aptitud para gobernar en una sociedad plural y abierta, que no comparte visiones maximalistas de la política y de la convivencia.

A Vox le ha llegado el momento de pasar de la retórica gruesa a la gestión de la realidad.

Para el PP, el pacto con Vox era una opción abierta desde que el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que en ningún caso habría repetición electoral. Con este compromiso, los órdagos y las jugadas de farol tenían poca verosimilitud, entre otras razones, porque a Vox no se le veía incómodo con la repetición electoral, menos aún después de la crisis de liderazgo nacional en el PP.

En todo caso, para el PP -cuyo futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, pedía ayer mismo al PSOE que facilitara la investidura de Mañueco con su abstención, aunque de manera retórica pues avala el pacto-, este primer gobierno de coalición con Vox también es un banco de pruebas en varios frentes.

El primero es el de la continuidad de los principios liberales y conservadores que definen al PP desde su fundación en 1990, identificados con políticas reformistas y moderadas. Las aspiraciones de Gobierno nacional para el PP dependen de que sea capaz de atraer el voto no adscrito ideológicamente, pero reconocido en posiciones centradas.

El segundo frente para el PP será el de contrarrestar la más que segura campaña de desacreditación que intensificará la izquierda, desde esos postulados de arrogancia y vanidad tan conocidos. Los ofendidos profesionales de la izquierda clamarán contra el pacto con la extrema derecha, a coro con los proetarras de Bildu, los golpistas de ERC y las palmeras de Putin de Unidas Podemos.

No parece que el PP tenga muchos motivos para sentirse intimidado por este orfeón de voces hipócritas. El tercer frente del PP es su propia estrategia electoral como opción con vocación de hegemonía en el centro-derecha. Hasta el momento, los acuerdos de legislatura firmados con Vox (Murcia, Andalucía) no admiten ningún reproche a la luz de la Constitución.

No han supuesto la vuelta del franquismo, ni la persecución de los homosexuales, ni una regresión para las mujeres. Es imprescindible para el PP que su pacto con Vox en Castilla y León se mantenga en los límites de las políticas propias de una sociedad plural, sujeta a una Constitución democrática y en el contexto de una Europa que reivindica, como nunca, sus valores de convivencia frente al populismo totalitario y agresivo de Putin.

Este pacto es legítimo, democrático y necesario para dar a Castilla y León un Gobierno estable. Está sostenido por una amplia mayoría absoluta de la Cámara autonómica.

El PP ha actuado con pragmatismo y habrá que conocer los detalles del pacto para ver si Vox ha hecho lo mismo.

Para el PP este pacto es una operación política necesaria, pero con riesgos que habrá de conjurar con mucha confianza en lo que ha hecho y dando coherencia en lo sucesivo a su discurso sobre Vox.

ABC